Respetemos las instituciones

Los bajo firmantes hemos sido parlamentarios por el PSC, en el congreso de los Diputados y el Senado, en representación de las Tierras de Lleida en varias legislaturas, y nos preocupa la degradación de los debates parlamentarios y de la vida política que vivimos en los últimos tiempos.

A lo largo de los años que llevamos de democracia, en las Cortes Generales, se han vivido etapas difíciles, duras y complicadas y los debates parlamentarios que las han acompañado también lo han sido. Desde la primera Ley de Amnistía de 1977, pasando por la Constitución y Estatutos de Autonomía, la ley del divorcio y las reformas fiscales, el 23-F y sus consecuencias, la entrada en la OTAN y después en la Unión Europea, las tensiones políticas de la última legislatura de Felipe González, la Guerra de Irak, los atentados de ETA y los de los islamistas de 11 de marzo de 2004, las reformas y ampliación de los derechos sociales del gobierno del Presidente Zapatero, las diversas mociones de censura que se han tramitado, etc...

En todos estos momentos la confrontación dialéctica fue intensa, dura y a veces crispada, pero nunca se rompió el respeto a las instituciones, ni se deslegitimaron como se hace ahora.

Nunca se llegó a los ataques personales y chapuceros, a los escandalosos griteríos en los plenos, a la utilización sistemática de la mentira y el aprovechamiento del dolor de las víctimas de los atentados terroristas, como se ha podido ver y escuchar en los últimos debates. No se respetan ni el Reglamento de las Cámaras Parlamentarias, que son ley orgánica, ni las decisiones de sus órganos de gobierno, ni las más elementales normas de comportamiento público y privado. Parece que no haya ningún código moral que rija la actuación de determinados representantes políticos y esto ha provocado el traspase de todas las líneas rojas que deben fijar los límites en los que debe moverse la vida política y parlamentaria en un país civilizado como el nuestro.

La polarización extrema que sufrimos en nuestra sociedad es un fenómeno que, por desgracia, también se da a menudo en otros lugares de Europa y del mundo y es una carga de profundidad contra la confianza en los sistemas democráticos y contra las políticas sociales que garantizan el estado del bienestar, provocando efectos devastadores en el alejamiento de la ciudadanía de los asuntos públicos.

El objetivo es generar rechazo y recelo en el parlamentarismo y dar la falsa impresión de que “todos son iguales” para después imponer un pensamiento único que conduce a la desconfianza en las instituciones y el retorno al peor individualismo y “sálvese que pueda”, donde sólo tienen que ganar aquellos que no han aceptado el papel que los electores les han dado en las urnas.

Ante esta situación, y desde nuestra experiencia parlamentaria, queremos manifestar que el respeto a las leyes y normas que nos hemos dado entre todos, al estado de derecho y a las instituciones que se derivan, es la única garantía de la convivencia democrática y de los derechos y libertades que disfrutamos todos los ciudadanos.

Este respeto no impide la confrontación política e ideológica en el marco de las instituciones que articulan la vida política, ni en los ámbitos de debate público que dispone nuestra sociedad.

Es necesaria una determinada manera de hacer que recupere los valores compartidos y que rehaga los puentes rotos. Hay que recuperar la cordura y centrarnos en lo que de verdad importa. Nuestra sociedad tiene muchos retos que afrontar, sobre los que puede haber dudas y matices sobre cómo hacerlo, pero no sobre su importancia. No puede ser que un necesario debate sobre la inmigración quede enturbiado por otro ficticio sobre la existencia una organización terrorista, a la que la democracia venció y que ha dejado de existir hace más de 12 años...

La discrepancia no debe impedir el reconocimiento de las razones de los adversarios, ni su derecho a expresarlas con la contundencia necesaria, cuando su finalidad es aportar argumentos en defensa de sus legítimas posiciones políticas. Por eso, hoy más que nunca, vuelven a ser de actualidad las palabras que el Primer Ministro Disraeli en el Reino Unido dirigió al jefe de la oposición en la Cámara de los Comunes. "No estoy nada de acuerdo con las ideas que ha expresado, pero daría la vida para que pueda defenderlas".

Éste es el modelo parlamentario que queremos y que necesita nuestro país.