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La Inteligencia Artificial (IA) ha transformado de un modo radical la manera de interactuar con la tecnología, ofreciendo importantes oportunidades para diversos sectores. No obstante, el desarrollo y uso de la misma plantea diversos desafíos éticos y legales que reclaman un desarrollo normativo urgente.

El pasado 2 de febrero entró en vigor el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (IA). Su finalidad es regular el desarrollo y el uso de los sistemas de Inteligencia Artificial para que sean seguros y respetuosos con los derechos de los ciudadanos.

El objetivo es crear un marco normativo que fomente la innovación y uso responsable de la IA en la Unión Europea, así como preservar los derechos fundamentales de sus usuarios.

La norma clasifica los riesgos del sistema según categorías, diferenciando entre las prohibidas, y diversos grados de riesgo (alto, medio y bajo), regulando los requisitos necesarios para cada una de ellas.

Para la normativa de IA resulta crucial desplegar mecanismos de supervisión humana para asegurar que se cumple con legalidad, transparencia y trazabilidad, así como la prohibición de usos considerados inaceptables, tales como la manipulación del comportamiento o la vigilancia masiva.

Además, prevé un régimen sancionador que comenzará a aplicarse a partir del 2 de agosto de 2025. Determina infracciones y sanciones por haber incurrido en un incumplimiento del reglamento. Los estados miembros de la Unión Europea serán los encargados de desarrollar el régimen. Se otorga, por tanto, un periodo de adaptación para los operadores afectados por la utilización del sistema de IA con la postergación de la posibilidad de iniciar procesos sancionadores hasta esa fecha.

Las multas económicas podrán ser de hasta 35 millones de euros, y si el que infringe la norma es una empresa de hasta el 7% de su volumen de negocio mundial del ejercicio anterior.

En España la Agencia Española de Supervisión de la IA (AESIA) será la competente para recaudar las multas impuestas.

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