Supeditar la política a los jueces, un grave error

Todos pendientes de un juez de Murcia el martes para ver si el presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, dimite o no. Independientemente de que lo suyo sea “un error administrativo”, como el Partido Popular considera y que “pudo meter la pata, pero no la mano”, al final quien decidirá su suerte es un juez. ¿Por qué? Porque así lo han determinado los políticos.

El expresidente José María Aznar, con el que conversamos recientemente, cree que hemos ido por mal camino ya que las decisiones políticas deben tomarlas los políticos y no los jueces. Baltasar Garzón coincide porque estima que es mal peligroso que aquí hayamos judicializado la política y politizado la justicia. Es quien mejor puede atestiguarlo porque ha vivido experiencias en las dos orillas, como juez y como diputado, además de alto cargo gubernamental, y ha sido objeto de persecución por los dos principales partidos consiguiendo el Partido Popular apartarlo de la carrera judicial. O resolvemos ese grave error o terminaremos mal.

Aplicado al caso de Cataluña, ese desatino se vuelve perverso. Como el Gobierno de España lo preside un registrador de la propiedad y una abogada del Estado ocupa la vicepresidencia, o sea dos juristas, el único camino emprendido para solucionar los problemas, sin éxito alguno, fue el de los tribunales.

En la segunda legislatura de Rajoy, persiste ese empeño solo que acompañado de la palabra diálogo que durante la mayoría absoluta no se escuchó. Pero estamos igual, en la vía equivocada. Se le traspasan al Tribunal Constitucional cuestiones que son del ámbito político. Se forzaron sus competencias en una reforma por mayoría absoluta para que pudiera intervenir en el contencioso catalán. Baltasar Garzón es rotundo: “Cuando dice Francesc Homs que de seguir así y si a él se le condena nos cargamos el estado de derecho”, no le falta razón.

Escuchamos a Felipe González un análisis de alta calidad sobre lo que sucede en Cataluña en el que separaba los aspectos jurídicos de los políticos. En el fondo, González coincidía con Aznar, e incluso con Garzón, al rechazar ese totum revolutum de política-justicia-política en el que andamos metidos. Pero la advertencia del expresidente socialista era clara: todo es posible, pero respetando la ley. Y denunciaba que en Cataluña no se respeta.

De especial importancia ha sido esta semana un artículo de Enric Juliana en La Vanguardia en el que denunciaba que “la mayoría parlamentaria catalana está a punto de erigirse en directorio”.

Saben que se pretende aprobar la ley de Transitoriedad Jurídica –considerada la llave del proceso independentista– por vía de urgencia y conculcando los derechos de los diputados de la oposición. “Estamos ante un movimiento que altera todo el relato del soberanismo catalán”, ha advertido Juliana [...] Adiós, liberalismo británico y espíritu escocés. Adiós, búsqueda de nuevos apoyos sociales”, añade.

Por si todo esto fuera poco, el Consell de Garanties advierte que convocar la consulta es inconstitucional y la Generalitat desoye ese revés jurídico.

Realimentando el conflicto, hay prensa de Madrid que define ese Consejo de Garantías como si se tratara de un “Tribunal Constitucional de Cataluña” y lo escriben entrecomillado para que cuele la adulteración. Pues no. Es solo un órgano consultivo de gran importancia que marca un gol en propia puerta al proceso de independencia. Razonado y por unanimidad. Es mucho, pero solo eso y nada más. De nuevo en este caso, los medios intentan reafirmar ese confuso magma entre política y ámbito judicial. Hay que salir de ese barro o todo el sistema se embarrancará.

Entretanto, la economía española sufre el impacto en la actividad portuaria de la huelga de los estibadores. “La Transición a la democracia no pasó por la estiba” sostiene el director de un periódico madrileño. Las pérdidas son de cinco millones de euros diarios. Ahí el Gobierno debería tener el apoyo de la oposición sin dudarlo.

España no puede tener esa peligrosa reliquia.