La policía merece mejores mandos políticos

Entristece lo sucedido en Barcelona y Cambrils. Estremece lo que hubiera podido suceder de no producirse la explosión de Alcanar. Indignan los informes sobre fallos en la investigación, o las trabas entre distintos cuerpos de seguridad que provocaron pérdida de pistas, tiempo precioso y eficacia. Irritan las discrepancias políticas.

Aspirar a que haya unidad entre los partidos políticos es una quimera. Están programados para la confrontación. Huelga, en buena parte de ellos, cualquier atisbo de generosidad. La posibilidad de obtener un rédito electoral a corto plazo, aunque sea perjudicando al país a largo, se impone. La ciudadanía da casi por perdida esa batalla y ya solo aspira a que se alcance la unidad en momentos de fuertes conmociones producidos por atentados, epidemias, grandes accidentes o desastres naturales.

Pero del mismo modo que en la sociedad civil existen numerosas iniciativas para forzar a los partidos a acuerdos en materias de Educación, Sanidad, Justicia, Pacto por la Industria y otros aspectos, una conclusión nítida se deduce del aluvión de crónicas publicadas y emitidas después del jueves negro: la exigencia de Coordinación Policial para una mejor defensa física de la ciudadanía debe incorporarse con urgencia a las reivindicaciones de los colectivos ante los líderes políticos.

Hay un patrón común en las conclusiones de los atentados en Londres, Manchester, Bruselas, París, Berlín, Niza o Barcelona: hubo fallos de coordinación policial entre unos cuerpos de seguridad y otros, entre los servicios de inteligencia con el resto, entre los de un país y el vecino, entre europeos y los de fuera de Europa, entre el FBI y la CIA, y así sucesivamente. Ante otros desafíos, con fallos de coordinación similares, no habría posibilidad, por ejemplo, de impulsar un programa espacial. Ni se podría llevar a cabo con éxito un trasplante de corazón con paciente en una ciudad y donante a mil kilómetros, operaciones que requieren a veces la intervención de más de un centenar de profesionales, desde la medicina a la psicología, de la logística hospitalaria al transporte aéreo.

Sin duda el trabajo policial, admirable, contribuye a salvar vidas cada día y ahí están las estadísticas de casi trescientos detenidos en España solo en un año, sospechosos de estar vinculados a la Yihad. Sin esa actuación sacrificada de centenares, o miles, de profesionales de la seguridad, la crónica del jueves negro en Barcelona y Cambrils se habría repetido con dramática frecuencia. Pero la ciudadanía tiene derecho a exigir mayor eficacia. Sobre todo cuando ha identificado que algunos errores policiales son producto de esa inadmisible descoordinación. Y esas distintas ramas de los servicios de seguridad, a su vez, merecen mejores mandos políticos. Las escaramuzas dialécticas de la última semana –el conseller de Interior Forn ocultaba deliberadamente la acción de Policía Nacional y Guardia Civil y, torpemente, el ministro del Interior Zoido daba por desarticulada la célula en Cataluña mientras los Mossos aún perseguían a un terrorista– solo abonan la descoordinación de los mandos policiales y su falta de confianza en sus superiores políticos.

Habrá que esperar a tener datos de cómo se dialogó, si es que hubo diálogo, entre las distintas policías para proteger una manifestación que debía reunir a más de un millón de personas y entre ellos, excepcionalmente, al mismísimo Felipe VI. Ha hecho bien el Rey de asistir a la marcha desoyendo críticas. Y ha sido penosa la provocación de Puigdemont a Rajoy la víspera de la manifestación. El clima de unidad espontánea surgido entre la ciudadanía por la conmoción de los atentados forzaba a la unidad política, pero el independentismo se sentía incómodo en ese ambiente. El terrorismo le hizo perder una semana en su plan de secesión. Había urgencia. No podía permitir que una manifestación popular de unidad le hiciera perder algunos días más. Por eso la provocación, para proseguir la tarea de ruptura.