Sociedad civil contra una España en funciones

Acaba de cesar por término de mandato el director del Centro Nacional de Inteligencia, o sea, el jefe del servicio secreto, general Félix Sanz Roldán. Llevaba diez años al frente de la institución. No tendrá sustituto por ahora porque el gobierno en funciones no puede nombrarlo. Josep Borrell dimitió como eurodiputado, en parte, porque no podía dejar al gobierno de Sánchez sin representación exterior y la investidura se intuía lejos. Ahora, flamante jefe de la diplomacia europea, a falta de confirmación por la Eurocámara, Borrell apurará todo el tiempo que pueda en el Ministerio, porque, sin nuevo gobierno, no es posible sustituirlo. Hay docenas de ejemplos como estos. España está en funciones. Pero la política internacional no espera: ni el impacto del Brexit, ni las tensiones incipientes con la Italia de Salvini, celosa por la ocupación española de sus antiguos espacios de influencia comunitaria. Y el terrorismo yihadista, entre otras amenazas, no se va de vacaciones mientras la jefatura del servicio secreto queda vacante.

Todo un despropósito. Llevamos tres elecciones en cuatro años; y ya se especula con el diez de noviembre para la cuarta convocatoria. Si la investidura fracasa, la cuenta ascenderá a trescientos millones de euros de coste y seis meses más de parálisis que afectan a la vida social y a la economía, según denuncian los empresarios.

Sobre lo que pudiera pasar en esas elecciones repetidas, bajan revueltas las aguas de las tertulias mediáticas. El PSOE estaría más cerca de la mayoría absoluta, según el CIS; voto de castigo para Ciudadanos, Podemos y Vox; recuperación del PP en algunas encuestas, o retroceso, según otras. Ojalá no haya oportunidad de comprobarlo. El resultado es incierto para todos. Y algunos ya sueñan con el regreso del viejo bipartidismo por el debilitamiento de la “nueva política”, que, visto lo visto, de “nueva” tuvo poco y breve. Parece claro que el arco parlamentario está cada vez más fragmentado y la sociedad civil más unida: hay que evitar la repetición electoral y superar la parálisis de nombramientos y acuerdos fundamentales para el funcionamiento eficaz del Estado. Así lo proclama un manifiesto de Sociedad Civil por el Debate, entidad independiente a la que se adhirieron casi todos los colegios profesionales, autónomos de ATA, más CEPES, es decir, la economía social en la que trabajan más de dos millones de personas, y el Círculo de Empresarios, entre otras entidades. Hay hartazgo popular y exigencia de soluciones. Con pactos de Estado urgentes, esperando.

Bloqueado el Gobierno de España, y el de las Comunidades de Murcia y Madrid, asistimos al espectáculo poco edificante del acoplamiento de las tres derechas. Vox exhibe lenguaje soez en redes sociales, desde su cuenta oficial, contra Albert Rivera. Mientras, de Ciudadanos se dan de baja personalidades muy interesantes –Toni Roldán, el exrector Vázquez en Asturias, Pericay en Baleares y bastantes más en varias comunidades–, que se alistaron creyendo que ese partido decidiría gobiernos desde la sensatez centrista y se encuentran con que acaba aliado con la extrema derecha que impone recortes de derechos y retrocesos sociales.

El caso más llamativo es el del Ayuntamiento de Madrid donde el alcalde Almeyda, del PP, aceptó la exigencia de Vox de acabar con Madrid Central –una iniciativa de Manuela Carmena para luchar contra la contaminación y los atascos– y, en el furor de levantar prohibiciones se ha llevado por delante peatonalizaciones de la alcaldesa Ana Botella y hasta de Ruiz Gallardón. La respuesta ha sido una primera manifestación ciudadana, que aguantó cuarenta grados de temperatura en la calle, y la decisión de un juez paralizando esas medidas de reversión. La protesta irá a más porque la salud está en juego. Y si cayera por ello una descomunal multa millonaria de Europa, “que la paguen los tres partidos responsables y no los contribuyentes”, afirmaba un manifestante. Tomen nota.