La pandemia dejará una intensa batalla judicial

Al igual que lo que sucede en las inundaciones, que al retirarse las aguas se identifican nuevos daños y otras responsabilidades, la relativa recuperación de la pandemia está descubriendo los aspectos más descarnados de la desatención a los ancianos que malvivían en residencias.

Las cifras de fallecidos estremecen; las responsabilidades de los gestores privados que llevaron la atención de los internados hasta niveles mínimos, al contratar a personal con menor preparación de la exigida y salarios precarios, pueden acarrearles graves consecuencias. Mientras, en el ámbito público se ha desatado una batalla política entre las distintas consejerías encargadas, tanto en Madrid como en Cataluña y otras comunidades. Podría pensarse que, al final, no sucederá nada relevante porque estas graves desavenencias siempre pueden sumergirse en cualquier pacto político. Pero atención porque algunas querellas de los familiares de las víctimas y de los sindicatos médicos, que pueden multiplicarse, empiezan a avanzar en la ruta judicial. Y ahí el pacto político no entra. Baste como advertencia la condena al Gobierno de Aragón por no haber provisto de material de protección a los profesionales que atendieron a los infectados en Teruel. Hay denuncias en otras provincias. La crisis sanitaria desafiante que sufrimos no solo dará paso a otra de económica, sino que puede abrir una batalla judicial insospechada. Por tanto, no es que la política lo puede arreglar, sino al revés: las decisiones judiciales pueden impactar en la política con posibles inhabilitaciones. Por lo menos.

Esas tensiones remueven los cimientos de los pactos que sustentan a gobiernos autonómicos de coalición, como el de Madrid, donde PP y Ciudadanos se distancian cada día más, o el de la Generalitat catalana, con la eterna rivalidad entre Esquerra y los exconvergentes. En algún caso también se resienten ayuntamientos importantes, como sucede en Murcia. Ciudadanos, que de pronto ha pasado a hacer política en lugar de resignarse a guardar el luto por su estrepitosa derrota en el 10-N, se divisa como el fiel de la balanza en muchos equilibrios. Nada es descartable, ni siquiera que en la Comunidad de Madrid y otras autonomías se convoquen elecciones anticipadas para reforzar posiciones de los que gobiernan y así protegerse de algunos movimientos.

Mientras ese nuevo frente se abre, a escala española las cúpulas partidarias siguen enzarzadas en una batalla que tiene desesperada a la ciudadanía. No en vano, en el examen que se exige en muchas empresas a los que vuelven al trabajo, figura la recomendación de que los informativos se sigan una vez al día y no más. Se trata de quitar angustia al personal, objetivo que los políticos crispadores no aplican. Palabras gruesas y desafiantes en abundancia, sin propuestas de soluciones eficaces.

No parece cierta la cantilena de que “de esta crisis saldremos más fuertes”. Algunas instituciones quedarán debilitadas por su desprestigio. Saldremos más divididos –ya se puede apreciar en nuestros barrios– y más traumatizados por la experiencia. Y peor aún: avergonzados por no haber advertido, y denunciado antes, las malas condiciones en las que vivían centenares de miles de compatriotas nuestros, arrinconados por su edad y discriminados en la atención sanitaria durante la pandemia.