Madrid calla y las urnas esperan

Más allá de la absurda y habitual guerra de cifras sobre los manifestantes que a nadie favorece, porque las exageraciones en los dos sentidos ponen en duda la credibilidad, es evidente que el domingo hubo un clamor independentista en toda Catalunya, que se vivieron las manifestaciones más multitudinarias vividas en Lleida, Tarragona, Salt o Berga y que hay un sector importantísimo de la ciudadanía catalana que exige un cambio radical de situación. Es un clamor que ningún gobernante sensato puede obviar y mucho menos cuando es el quinto año consecutivo en que se repite la misma historia sin que haya más respuesta desde el gobierno central, y buena parte de la sociedad española, que minimizar la protesta y despreciar las reivindicaciones. Es un error sin precedentes del presidente Rajoy que juzgará la historia porque cada día que pasa es más difícil encontrar una solución al endémico problema catalán y porque ningún gobernante que se precie puede hacer oídos sordos a una reivindicación tan permanente de una parte muy significativa de la ciudadanía catalana.

Decenas de miles de catalanes pidieron el domingo la independencia de Catalunya, pero también hay decenas de miles de catalanes que no la apoyan con opciones diversas sobre la relación catalana con el Estado español y a tenor de los resultados electorales tenemos una sociedad partida por la mitad con pequeñas oscilaciones en votos o escaños sin que en los comicios más recientes ninguno de los dos bandos haya conseguido ensanchar su base. Ante el dilema, la respuesta de Madrid sigue siendo el silencio confiando estúpidamente en que el problema se arregle solo, y desde aquí se debate si la fórmula ha de ser un referéndum pactado, que se antoja imposible, u otro unilateral de validez dudosa y en el que previsiblemente no participarían los unionistas, o finalmente otras elecciones, esta vez constituyentes, que fue la opción defendida ayer por el presidente Puigdemont. En todos los casos, la solución pasa por las urnas en una convocatoria democrática en la que participen en igualdad de condiciones todas las alternativas, que es la mejor plasmación del derecho a decidir, pero también porque haya una mayoría cualificada si se quiere cambiar el actual estatus. Y esto, ahora, parece más dificil.