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Demoledora ha resultado la declaración en el caso Bankia del jefe de inspección del Banco de España y seriamente comprometedora para las autoridades financieras del país, porque se anunciaba claramente el desastre cuatro meses antes y se desaconsejaba su salida a bolsa, en que miles de ciudadanos perdieron sus ahorros. La inspección del Banco de España advirtió que las acciones cada día valdrían menos, que el banco no era viable y que el diseño de separar el banco malo y dejarlo en BFA y sacar a bolsa los activos buenos no daría resultado. Hacía un diagnóstico tan correcto que apuntaba cómo había una enorme cantidad de suelo sobrevalorado, que eran activos no líquidos y que los contribuyentes tendrían que acabar pagando las pérdidas si se optaba por este modelo, que el gobierno de la entidad era mejorable, que sus gestores estaban “desalineados entre sí y desacreditados ante el mercado”. Concluía diciendo que “la viabilidad es cuestionable por sus muy graves y crecientes problemas de rentabilidad, liquidez y solvencia” y que “la salida a bolsa con un banco doble es el primer paso para nacionalizar pérdidas, algo muy injusto y contrario a lo que nos pide la norma: velar por un eficiente uso de los recursos públicos”. No lo decía un profano, sino el inspector del Banco de España en BFA y Bankia, lo hizo por escrito cuatro meses antes de la salida a bolsa y el informe llegó al gobernador del Banco de España y a los gestores de la entidad. Todos hicieron caso omiso y el desastre de Bankia ha costado la friolera de 22.424 millones de euros al contribuyente, mientras los consejeros y directivos de la entidad, además de disfrutar de sueldos millonarios, dilapidaban el dinero con tarjetas black repartidas a discreción, sin declarar al fisco y sin tributar. ¿Por qué el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, hizo caso omiso al informe de la inspección? ¿Qué tipo de información recabó la Comisión Nacional del Mercado de Valores para autorizar esta salida a bolsa que se anunciaba como un engaño a inversores y ahorradores? ¿Hacia dónde miraba el gobierno presidido entonces por Rodríguez Zapatero para permitir este desafuero con una de las primeras cajas del país? ¿Para qué sirve la inspección del Banco de España si luego no se hace caso a informes como el conocido ayer? Los implicados deben responder de inmediato estas y otras preguntas y los jueces actuar en consecuencia.

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