La encrucijada de Sigena

El conflicto por el arte de Sigena ha subido de tono con el auto de la jueza de Huesca en el que advierte al conseller de Cultura, Santi Vila, y al director del MNAC de responsabilidades penales si no devuelven a Aragón las obras procedentes del monasterio de Villanueva de Sigena pendientes de entrega tras la sentencia del pasado verano. Entonces se entregaron 51 obras y ahora el auto se refiere a 44 obras del Museu de Lleida y dos del MNAC que no se incluyeron en la entrega del mes de julio y, desde la Generalitat y Lleida, se interpreta en primer lugar que no procede la entrega porque forman parte del patrimonio museístico y cultural y así están catalogadas, porque la Junta de Museus se opuso al traslado de las obras y porque la titularidad del Museu de Lleida es compartida con otras instituciones y sus decisiones son colegiadas y, finalmente añade el conseller, porque considera que “tenemos la razón”. Compartiendo el argumentario del conseller, también hay que advertir que estamos ante un hecho perfectamente previsible porque los jueces dictan sus resoluciones para que sean cumplidas y que en consecuencia la magistrada de Huesca ha dictado la nueva resolutoria para que se haga efectiva la sentencia, aunque sea recurrible y todavía no sea firme. No se ha querido, o no se ha podido en algunos momentos, llegar a ningún acuerdo sobre el litigio y hemos llegado a un punto, también en el tema del arte, en el que habrá que discernir las prioridades y actuar en consecuencia por mucho que se pueda ir ganando tiempo, como se ha hecho hasta ahora, con nuevos recursos a instancias superiores. El conseller se ampara en las normativas catalanas y en la legitimidad de la protección del patrimonio catalán, pero la jueza ha hecho una interpretación diferente y plantea la entrega de las obras con la advertencia de que si no se cumple su sentencia se incurrirá en responsabilidades penales. Por mucho que el conseller se muestre sorprendido por la desproporción y la agresividad del auto, ahora se enfrenta a un dilema claro: obedecer, entregar el arte y afrontar las críticas por no defender el patrimonio catalán, o bien ampararse en la legitimidad catalana, no entregar las obras y arriesgarse a una imputación por desacato. Probablemente, es injusto que le toque tomar esta decisión al conseller Vila, uno de los que más han trabajado por el acuerdo, pero el tiempo se está agotando y las opciones también.