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Los Mossos detuvieron el pasado domingo en La Panadella a un interno del centro penitenciario de Ponent acusado de secuestrar, violar y herir con una navaja a una joven de Igualada tras salir de permiso de la cárcel. El agresor, Tomás Pardo Caro, conocido como “el violador de Martorell”, tiene un amplio currículum delictivo sexual por el que cumple una pena de 26 años. No es el único caso de agresores reincidentes. Ahí tenemos el tristemente célebre segundo violador del Eixample de Barcelona, detenido por delito sexual después de salir de la cárcel, o el violador de Vall d’Hebron, que quedó en libertad tras cumplir 20 años de reclusión, después de ser condenado a 311 años por 17 violaciones. Las dudas planean siempre, legal y socialmente, sobre la libertad que se concede a estos enfermos sexuales que difícilmente llegan a rehabilitarse nunca. De hecho, la última reforma del Código Penal ya contemplaba el control de estos violadores una vez han cumplido la pena. De hecho, en Estados Unidos se aplica la castración química desde hace 17 años en programas de libertad condicional al demostrarse inútiles otros tipos de prevención o rehabilitación con estos depredadores. La castración es opcional para los primerizos y obligatoria para los reincidentes. Pero, en último término, hay una realidad incuestionable, y es que no se puede imponer sanciones a las personas por ser peligrosas potencialmente, sino solo por los actos cometidos. Y si bien es cierto y justo que a quien ya ha pagado su deuda con la sociedad no puede, ni debe, aplicárseles otras medidas, también lo es que la reincidencia debe convertirse en una excepción a la regla general que avala el Estado de Derecho. Por tanto, las pulseras electrónicas, la castración química, los tratamientos psicológicos obligatorios u otras medidas postpena deben generalizarse de forma obligatoria para los delincuentes sexuales. La sociedad sin riesgos no existe si no queremos vivir en un estado policial perpetuo, pero las reformas legales y judiciales aprobadas deben aplicarse y mucho nos tememos que en la mayoría de ocasiones es la falta de presupuesto lo que posibilita que reclusos sin redención posible, según concluyen todos los psicólogos y psiquiatras consultados, vuelvan a salir a la calle sin el control debido para desgracia y frustración de sus víctimas, como la joven de Igualada que aún está en la UCI por las agresiones de su violador.

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