La propiedad del arte

El embrollo jurídico, político y hasta artístico que llevamos años viviendo con el litigio por el arte procedente de la Franja aragonesa, preservado de la destrucción o de su venta y expuesto en museos catalanes, ha llegado a un extremo kafkiano con la resolución de la jueza de Huesca que da veinte días para que el Museu Nacional d’Art de Catalunya explique cómo devolverá a Aragón los murales procedentes del monasterio de Sigena rescatados durante la Guerra Civil. Ya no se trata de devolver obras concretas como se hizo tras la primera sentencia, sino que se plantea arrancar unos murales del siglo XIII, que fueron rescatados en condiciones precarias en el 36 y trasladarlos de nuevo y es evidente que hay un riesgo claro de deterioro de las pinturas y de su conservación como patrimonio de la humanidad. Un litigio por la propiedad y la titularidad de una obra de arte amenaza con destruir la misma obra de arte por decisión judicial y también por la incapacidad de los políticos para llegar a cualquier acuerdo. El sentido común aconseja no poner en peligro un patrimonio tan valioso y más cuando expertos de todo el mundo, incluidos el restaurador de la Capilla Sixtina y asesores de la Unesco, alertan de los riesgos del traslado de un material tan sensible. El conseller de Cultura ya ha dicho que de ninguna manera autorizará la salida de los murales del MNAC, ni asumirá la responsabilidad de su posible deterioro, pero habrá que ver si la jueza acepta sus argumentos o espera a que su resolución sea refrendada por instancias superiores, pero sería imperdonable que el enfrentamiento por la propiedad de un patrimonio de valor incalculable acabara con su destrucción. Aunque sea por orden judicial. Asumir responsabilidadesA medida que se conocen más detalles sobre el violador preso en Lleida que ha reincidido en Martorell, más escandaloso parece el caso porque ha disfrutado de 18 permisos, tras cumplir catorce de los 26 años de condena. A la vista de su reincidencia, es evidente que se han cometido errores en las instancias judiciales y penitenciarias y no consta, de momento, que nadie haya asumido responsabilidades.