La detención de Berga

La detención de la alcaldesa de Berga por los Mossos d’Esquadra ha desatado una tormenta política en la que por una parte se cuestiona la decisión judicial por entender que hay persecución de ideas y un ataque a la libertad de expresión y a la soberanía municipal, y por otra porque haya sido la policía catalana la que ha procedido a la detención asumiendo sus funciones de policía judicial que cumple órdenes del juez. La primera cuestión hay que enmarcarla en el ámbito político con las críticas reiteradas a la judicialización de la política, y según unos la detención ha sido porque la alcaldesa se negó a retirar la estelada de la sede consistorial, mientras otros advierten que fue detenida por haberse negado en dos ocasiones a declarar ante el juez. Cada cual carga las tintas en el aspecto que más le interesa y al margen de críticas a las formas y los horarios de la detención y a su posible desproporción, todos los ciudadanos, y los cargos públicos en mayor medida, sabemos y tenemos que asumir la normativa vigente y las posibles consecuencias de su incumplimiento. Tenemos todo el derecho del mundo a exigir un cambio de las leyes e incluso a desobedecerlas, pero en un estado de derecho hay que asumir las consecuencias, porque la valoración como injusta de una ley es competencia de los jueces y no de un grupo político. Más peligrosa es la segunda lectura de la detención cargando las tintas contra los Mossos por haber obedecido al juez y exigiendo, como hace la CUP, que “el departamento de Interior y los Mossos no acaten órdenes políticas injustas” porque ni un grupo político ni un ayuntamiento tienen la potestad de considerar una decisión injusta. No sería bueno involucrar a los Mossos en la controversia política porque están obligados a actuar como policía judicial y su cadena de mando está perfectamente definida con el presidente de la Generalitat y el conseller de Interior en la cúpula y el fundamento de cualquier policía democrática como la catalana es la obediencia a sus mandos y el respeto a la legalidad vigente. Si algún día el proceso catalán llega a la ruptura con España y a la desobediencia de sus leyes y a sus jueces, tendrá que ser con una mayoría cualificada y sobre todo con un nuevo marco legal perfectamente definido, no porque lo pida un grupo político y correspondería dar el primero paso a las autoridades y no a la policía catalana. Mientras tanto, que dejen en paz a los Mossos.