Garantizar las pensiones

Pocos problemas agobian tanto a los españoles en edad laboral como la garantía de sus pensiones cuando se jubilen después de toda una vida cotizando y con noticias preocupantes sobre el déficit de la Seguridad Social y el agotamiento del fondo de reserva. Desde el Gobierno se insiste en que las pensiones están garantizadas y habrá que darlo por cierto porque lo contrario sería una estafa a millones de trabajadores y una quiebra en la confianza del Estado, pero tendrán que empezar a explicar cómo piensan garantizarlas cuando llevamos seis años con déficit en el sistema y cuando al fondo de reserva, que en principio era intocable, le quedan fondos para financiar dos pagas extra y puede agotarse en 2017. Algo habrá que hacer porque el actual sistema está agotado y se han lanzado globos sonda como trasladar las pensiones de viudedad u orfandad a los presupuestos del Estado, algo que liberaría a la Seguridad Social de unos 21.000 millones anuales, o crear un nuevo impuesto para financiar las pensiones, pero no se ha concretado nada y empezará a debatirse a partir del martes que viene con la convocatoria del Pacto de Toledo. De entrada, la ministra Báñez tras asegurar la fiabilidad del sistema, explica que las pensiones se garantizan con empleo, algo evidente porque la población activa en cada momento es la que financia las pensiones de los jubilados, y marca como objetivo deseable alcanzar los 20 millones de trabajadores, que son algo más de dos millones de los que ahora están cotizando a la Seguridad Social, con una ratio en la que hay un pensionista por cada dos trabajadores activos, una proporción que para que fuera sostenible habría que elevar hasta los tres trabajadores, teniendo en cuenta además que buena parte de los actuales cotizantes están con contratos precarios y sueldos bajos, mientras que los nuevos jubilados disfrutan de pensiones más elevadas que la media y además con una esperanza de vida mucho mayor. El reto no es sencillo porque no se está creando empleo de calidad y porque España encabeza el ranking europeo de no activos menores de 64 años por una política de prejubilaciones, sobre todo en las grandes empresas, que ha apartado del mercado laboral a muchos trabajadores cualificados y con experiencia. Se cometieron errores en el periodo de opulencia y ahora habrá que tomar medidas con urgencia para que no los paguen quienes no tienen ninguna culpa.