Un corte improcedente

La ley bautizada como de pobreza energética, la 24/2015, fue anulada parcialmente por el Tribunal Constitucional en sus apartados referentes al desahucio de viviendas, pero pese a la tormenta política que se desató con algún tinte demagógico, mantuvo su vigencia en los aspectos relativos a garantizar los servicios a las personas sin medios que no pudieran hacer frente a las facturas de suministros. Se garantizaba el principio de precaución, de forma que las empresas de servicios antes de cortar el suministro a un cliente que no paga tenían que verificar que el cliente no fuera vulnerable y así se especifica en el artículo 6 de la ley. Algo que no se ha hecho en Reus cuando una empresa, Gas Natural, decidió cortar el suministro a una anciana de 81 años que desgraciadamente murió tras el incendio provocado por la vela con la que se alumbraba. Tras la muerte, Gas Natural se justifica diciendo que no había sido informado por los servicios sociales del ayuntamiento de que esta señora estaba entre las personas de especial vulnerabilidad, cuando el procedimiento es el inverso: es la compañía quien debe avisar de sus propósitos de cortar la luz para que sea el consistorio quien aclare si la persona es vulnerable. Más allá del desgraciado caso, lo lamentable es que Generalitat y eléctricas no han llegado a ningún protocolo de actuación para evitar estos cortes, como sí ha hecho con las suministradoras de agua. Hay una ley en vigor, pero deben concretarse los reglamentos y su desarrollo con convenios que fijen el marco de actuación. No se ha hecho y es como si la ley no existiera, pero lo absurdo es que ahora se crucen ataques Generalitat y Gas Natural. Lo prioritario es buscar soluciones eficaces.Reválida suspendidaLa primera decisión del nuevo Congreso ha sido tramitar una propuesta socialista para dejar sin efecto la LOMCE, la herencia de Wert que recuperaba las reválidas. Es la primera derrota del gobierno de Rajoy y quien impuso su mayoría sin diálogo ahora paga su minoría, pero por el bien de la enseñanza tendrían que buscar un consenso y no cambiar la ley de un sector tan sensible cada legislatura.