Que no se repita lo de Reus

El caso de la anciana de Reus que vivía sin luz y murió en el incendio provocado por la vela con la que se alumbraba ha desatado un conflicto entre la Generalitat y la suministradora, Gas Natural, que se excusa diciendo que no se había desarrollado el reglamento de la ley anunciado en el debate sobre pobreza, ni se había llegado a un acuerdo con las compañías en lo referente al principio de precaución. Los expertos dudan de la necesidad de un reglamento para aplicar el artículo de la ley que no está anulado por el Constitucional y que marca la obligatoriedad de las empresas de notificar los cortes a los servicios sociales municipales para que comprueben si el afectado está incluido entre las personas o familias de especial vulnerabilidad. En nuestras comarcas, la coordinación entre las empresas suministradoras y los servicios sociales ha funcionado con más eficacia y por ejemplo la Paeria ha evitado 1.396 cortes de suministros de luz, gas y agua durante los nueve primeros meses de este año, con otros 1066 casos en trámite de solicitud, 811 familias beneficiarias de ayudas, con un total de 161.844 euros destinados a sufragar recibos de las familias amparadas por informes de vulnerabilidad. Y en las comarcas leridanas, los servicios sociales de los consells han evitado más de 500 cortes de suministros de luz o de gas. Los datos corroboran, por una parte, que con buena voluntad se pueden evitar cortes de suministros fundamentales para una vida digna y, por otra, que hay un elevado porcentaje de población en el umbral de la pobreza que necesita de la protección de los servicios sociales y también la comprensión de las suministradoras, un 19 por ciento de la población, según un informe elaborado por una treintena de académicos. Y desde la Generalitat tendrían que responder a la acusación del Síndic de Greuges de que solo se destina a combatir la pobreza energética un 15 por ciento de los fondos previstos en Catalunya, es decir solo se han utilizado 750.000 euros de los cinco millones disponibles. Sería lamentable que familias continuaran viviendo sin los servicios básicos por falta de agilidad, complejidad en los procedimientos de actuación o desconocimiento sobre el acceso a estas ayudas, y la desgracia de Reus debería servir para que las diferentes administraciones y las empresas suministradoras llegaran a acuerdos inmediatos para que nunca vuelva a repetirse.