¿Diálogo imposible?

Al día siguiente de que se anunciara en la toma de posesión del delegado del Gobierno en Catalunya una “nueva etapa de entendimiento y diálogo”, la realidad y los casos abiertos ya ponen en cuestión la posibilidad de que sea real y no pase de una fórmula protocolaria. Así, en un solo día, nos encontramos con el suplicatorio de Francesc Homs por su participación en el 9-N, el enfrentamiento entre el senador Vidal y Rajoy en el Senado por la suspensión del juez, la citación a la presidenta del Senado para que declare ante el TSJC el 16 de diciembre, a los que hay que añadir los procesos abiertos al ex-President Mas y las ex-Conselleres Ortega y Rigau y las 400 denuncias contra 250 ayuntamientos catalanes por no colgar la bandera española e izar la estelada. Con tal retahíla de litigios, que según el nuevo delegado se mantendrán, se antoja complicado cualquier posibilidad de diálogo y menos aún cuando se prevé una nueva oleada de denuncias por no respetar la festividad del Día de la Constitución. El problema es que los defensores del procés dan prioridad al mandato de las urnas por encima de la legislación española y que desde Madrid se considera ineludible el cumplimiento de la ley, y es evidente que los primeros, para conseguir su objetivo en un momento u otro, tendrán que infringir la ley española, mientras que los segundos están dispuestos a aplicar su ley y utilizar todos los resortes del Estado para impedir la independencia de Catalunya. Y con estos planteamientos, y sin voluntad de cambiarlos, el diálogo parece imposible.Las mentiras en la redHan tenido que multiplicarse las quejas por las falsedades difundidas en las redes sociales sobre Obama, Trump o Hillary, y que la falsificación de noticias se convirtiera en lucrativo negocio para que los responsables de Facebook o Google anunciaran que introducirían filtros y controles para no difundir noticias falsas. Hasta ahora se justificaban diciendo que son un muro o un panel donde cada quien cuelga lo que quiere, pero es evidente que tienen una responsabilidad legal y moral si no quieren convertirse en el primer medio de desinformación e intoxicación.