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Estamos en tiempo de presupuestos para el 2017 y ha coincidido la presentación del proyecto de la Generalitat con la aprobación de los de la Paeria, y con todas las diferencias de mayorías, de objetivos y de circunstancias, hay que señalar que en los dos casos se ha hecho de la necesidad virtud. Hay que conseguir la aprobación en el caso catalán porque ya estamos con presupuestos prorrogados y en el municipal porque la prórroga, como le sucedió a Colau en Barcelona, hubiera sido interpretada como un fracaso y hay que buscar socios, aunque no sean las alianzas deseadas y nadie quiera presumir de sus apoyos. En Lleida, porque los socialistas tienen que recurrir al pacto con C’s y PP como única opción ante el mal entendimiento con CiU o con ERC y en Catalunya porque la CUP es el único apoyo factible en el procés, aunque ni a los cupaires ni a los militantes de la antigua Convergència se les vea convencidos de votar juntos y pueda parecer contradictorio que estén de acuerdo en algo tan fundamental como unos presupuestos. En los dos casos se apuesta por el mal menor, pero también se evidencia que el debate fundamental de cualquier institución, o empresa, queda descafeinado por las urgencias políticas y sobre todo porque los trabajos y el énfasis que desplegamos todos en analizar partidas, incrementos o ausencias no tiene después correlación en su seguimiento y en el control de la ejecución de lo previsto. Como dicen los economistas, el papel lo aguanta todo y en la práctica se hace lo que se puede. Así en el caso de la Paeria nos encontramos con la deuda del agua y como el PSC no ha encontrado ningún grupo que estuviera dispuesto a asumir el coste político de aprobar una subida de tarifas, el resultado es que se incluyen las deudas pendientes en una partida presupuestaria y acabaremos pagando todos en lugar de repercutirla en función del consumo. En el caso de la Generalitat se anuncia el incremento de las partidas sociales, pero se deja en la letra pequeña la creación de nuevos impuestos y el significativo incremento de algunas tasas para cuadrar un aumento de ingresos contando con la mejora de financiación y con los nuevos impuestos, cuya recaudación es una incógnita. Y queda en el alero el tema del referéndum camuflado en la partida de procesos electorales y participativos, contemplado en el Estatut o en el fondo de contingencia, pero con la amenaza de un casi seguro recurso ante el TC.

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