En defensa del consumidor

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha hecho historia con su resolución sobre las cláusulas suelo que tumba una sentencia del Tribunal Supremo español, obliga a devolver lo cobrado de más a cajas y bancos españoles y hasta deja en evidencia al gobierno español más preocupado de la rentabilidad de los bancos que de los derechos de los consumidores. Las cláusulas suelo eran unas condiciones que fijaban las entidades financieras cuando vendían sus hipotecas, de forma que incluían un límite por debajo del cual no bajarían los intereses cobrados aunque los tipos de interés aplicados en el mercado estuvieran por debajo de este umbral. Con la crisis, también bajaron los tipos de interés hasta alcanzar índices negativos, pero en virtud de estas cláusulas, quienes habían suscrito estas hipotecas no se beneficiaban de esta evolución y seguían pagando intereses por encima del mercado. Hubo recursos a los tribunales y finalmente en 2013, el Tribunal Supremo consideró nulas por poco transparentes, las cláusulas suelo de BBVA, Novagalicia y Cajamar, pero la sentencia solo afectaba a estas tres entidades, que las eliminaron y provisionaron costes, mientras el resto de entidades eliminaba estos topes, pero solo devolvían dinero a partir de la emisión de la sentencia, 2013, porque el Supremo había invocado razones de seguridad jurídica y de estabilidad financiera. Pero el caso ha llegado a Europa y la sentencia del Tribunal Europeo ha sido contundente: si una cláusula es abusiva, lo es desde el origen del contrato, no desde que se haya dictado una sentencia, y añade que la declaración judicial de una cláusula como abusiva debe tener como consecuencia el restablecimiento de la situación anterior a que se hubiera fijado esta condición. Desde un punto de vista económico, la sentencia obligará a los bancos a asumir un coste sobre el que ayer había controversia y que oscilaba desde los 7.500 millones que había fijado el Banco de España en el juicio a los 4.000 en que se estimaba el coste de las hipotecas con estas cláusulas o a los 1.800 de los que hablaba la banca, teniendo en cuenta las cantidades provisionadas, los pactos alcanzados con clientes y los pagos ya efectuados por hipotecas posteriores a 2013. Queda trecho por recorrer, porque cada cliente tendrá que reclamar o negociar individualmente, pero hay que aplaudir que por una vez Europa ha primado la defensa del consumidor por encima de los intereses de la banca.