Derecho a decidir

La cumbre convocada por el president Puigdemont ha escenificado un amplio apoyo transversal al ejercicio del derecho a decidir con representantes institucionales y de los partidos que apoyan al procés, dirigentes sindicales, de algunas organizaciones patronales y también de entidades sociales y participativas. La novedad en esta ocasión, tan significativa que obligó a cambiar el horario de la reunión, es la presencia de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que se suma a los representantes de Catalunya Sí Que Es Pot, que ya habían participado en otras reuniones. Habrá que ver hasta dónde llega este amplio consenso en el ejercicio del derecho a decidir y cómo se desarrolla, porque los independentistas defienden el referéndum a cualquier precio, aunque sea unilateral, abriendo posibles especulaciones sobre su eficacia y su validez internacional, mientras que otros defienden que el referéndum ha de ser negociado con el Estado y hasta hay quien piensa que también puede ejercerse el derecho a decidir mediante elecciones. De momento, se ha elegido una comisión para coordinar el referéndum, con notable presencia de exmilitantes del PSC y de Iniciativa, entre los que está el leridano Francesc Pané, que seguramente tiene como objetivo ampliar el espectro y la transversalidad, pero que también puede ralentizar el calendario y moderar la radicalidad de los partidarios del referéndum unilateral. La alcaldesa de Barcelona ya advirtió que “otro 9-N no sería un referéndum” y aunque sería injusto considerar que hemos vuelto a la pantalla previa a aquella consulta, también sería un espejismo considerar que en estos momentos es posible pactar un referéndum con el poder estatal. Porque donde no hay novedades es en la postura de Madrid y por boca del portavoz del Gobierno se insistía en que “no va a haber referéndums de autodeterminación” en España mientras que la maquinaria del Estado sigue con su rodillo implacable para defender el orden constitucional: el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya fija para el 6 de febrero los juicios contra Mas, Ortega y Rigau, y el Constitucional anula las ponencias de las tres leyes de desconexión. Es legítimo confiar, como hace Colau, en que se puede cambiar el espectro español, que hay sectores partidarios de una consulta y que el objetivo es la democracia antes que la independencia. Pero el problema es que haya una mayoría y un objetivo sólidos y se hagan respetar.