Por la boca muere el pez

Las afirmaciones del exjuez y ya exsenador de ERC Santiago Vidal han desatado una auténtica tormenta política con investigaciones abiertas por la Fiscalía del Estado, desmentidos de todas las instancias del gobierno catalán aludidas, peticiones de comparecencia de los consellers afectados y la exigencia de ERC para que dimitiera de su cargo de senador. Saltó a la fama como juez progresista y después se consagró anunciando que había redactado una Constitución catalana, que según dicen ahora nadie le había pedido, pero tras su suspensión como juez español empezó a trabajar en la conselleria de Justicia y después accedió al Senado en las listas de ERC y ha ido pronunciando conferencias sobre el procés y sus intríngulis asegurando que el gobierno catalán tiene todos nuestros datos fiscales, que los ha conseguido de una forma ilegal, que existe una lista de los jueces dispuestos a quedarse en una Catalunya independiente, que hay una partida secreta en los presupuestos para el referéndum y las estructuras de Estado, que hay créditos comprometidos en cuanto se proclame la independencia y hasta que hay acuerdos secretos con la OTAN y once estados de la Unión Europea. Ayer dijo que eran “declaraciones en tono coloquial, intentando ser didáctico sobre el proceso, pero es evidente que tomadas en su literalidad no se ajustan a la realidad” y añade que “en ningún momento he querido poner en duda que el actual gobierno catalán actúa con absoluto respeto a la legalidad vigente”. No lo ha dicho un profano en leyes que podría justificarse por ignorancia, sino un juez, aunque esté suspendido, que sabe perfectamente que un gobierno no puede disponer de documentos conseguidos ilegalmente, ni acceder a los datos fiscales de los catalanes, ni hacer listas de afines, ni engañar al Parlament con la ley de presupuestos y mucho menos jactarse de esta ilegalidad. Las palabras de Vidal representan una irresponsabilidad en cualquiera de los supuestos y por una parte abren la sospecha sobre si puede haber algún punto de verosimilitud en sus palabras, mientras que por otra revelan una ligereza incompatible con la responsabilidad que ostenta y con la seriedad que debe tener el procés. Su incontinencia verbal, más propia de un bocazas que de un jurista, ha puesto en un aprieto al gobierno catalán, al partido en cuyas listas se presentó, ERC, hace un flaco favor al procés y da argumentos al adversario.