El juicio al 9-N y el fracaso de la política

Que el expresidente de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsellera de Enseñanza, Irene Rigau, se sienten hoy en el banquillo por la celebración de una consulta no oficial sobre la independencia de Catalunya el 9 de noviembre de 2014 es un fracaso de la política. La incapacidad del Gobierno español para afrontar las aspiraciones de una gran mayoría de ciudadanos para mejorar sus cotas de autogobierno y preservar su lengua y cultura está a punto de llegar a un punto de complicada reversión. Porque si en algo están de acuerdo una abrumadora mayoría de catalanes es en el derecho a decidir, incluso aquellos que con la misma legitimidad que los independentistas apuestan por seguir en España. La postura del ejecutivo del PP en aferrarse al marco constitucional por la parte coercitiva, aunque muchos juristas creen que hay posibilidades en las actuales leyes para el diálogo, lleva camino del choque de trenes que deberíamos evitar. El juicio llega, además, en un marco internacional en crisis, con una UE debilitada y un presidente de los EEUU que amenaza con desestabilizar el orden mundial. La comandante Zaida Cantera, del PSOE, reclamaba el domingo en una entrevista en SEGRE que se abra la senda del diálogo: “Hasta en las guerras los enemigos se sientan a hablar, aunque solo sea para intercambiar prisioneros”, apostillaba. La ley está para cumplirla, sin duda, y los gobernantes deben abanderar esta defensa como garantía del estado de derecho, pero los representantes públicos están sobre todo para dar respuesta a las demandas democráticas de sus conciudadanos y cuando ambas premisas están en contradicción se deben buscar fórmulas para aunarlas. Mejora de la construcción