Visto para sentencia

Los manuales sobre estrategia ante juicios políticos, y hay amplio consenso en que el del 9-N lo es, plantean dos posibles estrategias: la de connivencia y aceptación del tribunal aprovechando los resquicios jurídicos que plantea el ordenamiento para defender la actuación y buscar la absolución, o bien la de ruptura negando el reconocimiento al tribunal y aprovechando la resonancia del juicio para plantear las contradicciones de las acusaciones y convertir la vista en un acto político. Había expectación ante el alegato final del expresident Mas en el juicio del 9-N y algunos sectores independentistas esperaban algún gesto de desobediencia o de falta de reconocimiento al tribunal en una línea de ruptura, después de la defensa jurídica y estrictamente técnica de sus abogados, pero el expresident, como explicó en la rueda posterior, se mantuvo fiel a su estilo y al de su partido, con una corrección exquisita, agradeciendo incluso desde la discrepancia la labor del fiscal y del tribunal, manteniendo firmemente que no hubo desobediencia, ni ningún otro delito, pero asumiendo personalmente la convocatoria y preparación del 9-N, cuya ejecución correspondió después a los voluntarios, “a los que ya no se podía parar, ni ordenarles nada”. Una forma hábil de asumir la decisión política y desviar las posibles responsabilidades jurídicas y una estrategia híbrida que tal vez no responde a las expectativas de algunos aliados de Mas pero que no es discutible porque es la elegida por quien se sienta en el banquillo y tiene derecho a trabajar por una absolución que sería una gran victoria política y el mejor respaldo al nuevo referéndum y sobre todo a elegir la táctica, el “tempo”, los argumentos y hasta el momento adecuado para escenificar la desobediencia o la ruptura. Dejó claro Artur Mas en la rueda de prensa posterior al cierre del juicio que no es partidario del postureo, ni de hacerse el “milhomes”, sino de asumir responsabilidades y este mensaje es compartido por su electorado, al margen de que lo que esperara el colectivo independentista. El juicio ha quedado visto para sentencia y después de cinco días de testimonios y alegatos se confirma lo avanzado el primer día: estamos ante un error tanto político como jurídico, no tiene ningún sentido que un presidente de Catalunya se siente en el banquillo por pedir la opinión de sus ciudadanos y no ayuda en nada a solucionar el problema entre Catalunya y España.