Tienen que negociar

Algo que debería ser tan normal como el diálogo entre responsables de instituciones o la negociación sobre un conflicto se está convirtiendo aquí en fenómeno noticioso con interpretaciones contrapuestas según quien habla y hasta quien lo interpreta. El delegado del gobierno español, Enric Millo, aseguró que “estamos dialogando a todos los niveles y puedo asegurarle que los encuentros no son siempre públicos” y desde la Generalitat el president Puigdemont ironizaba diciendo que “la propuesta del gobierno español es como el Espíritu Santo del que todos hablan, pero nadie ha visto”, añadiendo que no ha habido ninguna reunión pública, ni privada. El presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, se suma a la fiesta desmintiendo cualquier negociación, mientras el mismo Millo insiste en que la oferta de Rajoy se centrará en los 46 puntos que planteó en su día Puigdemont, que según la consellera Munté todavía están sobre la mesa sin que se haya aceptado ni uno. Algunos medios dicen que la Generalitat ha aceptado negociar mientras otros aseguran justamente lo contrario, que no creen en ninguna oferta de Rajoy, y el aludido se desmarca de todo, no confirma los contactos, pero se muestra deseoso de hablar con Puigdemont de los “problemas reales” de los catalanes, criticando que los extremistas puedan quitar y poner presidentes, mientras el partido de Puigdemont, el PDeCAT, reclama que pongan fecha para el encuentro. Sería lo razonable e incluso lo obligado en gobernantes responsables, que hablaran, buscaran posibles puntos de acuerdo y negociaran antes de que se llegue al manido choque de trenes o a un choque de legalidades con la convocatoria del referéndum. Cuestión aparte es el formato que quieran darle al diálogo, que haya reuniones preparatorias discretas o que se quiera dar luz y taquígrafos a cualquier encuentro, que negocien sobre los 46 puntos de Puigdemont o los nuevos que quiera plantear ahora Rajoy, pero que se sienten en la misma mesa y hablen sobre los temas que les enfrentan. A dialogar se habían comprometido la vicepresidenta y el nuevo delegado, pero la supuesta “operación diálogo” se truncó antes de empezar por el juicio del 9-N, con Artur Mas en el banquillo, la imputación de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y las advertencias de Madrid de una posible suspensión de la autonomía. Pero las amenazas aquí no funcionan y los problemas solo se arreglan dialogando.