EDITORIAL
Lentitud judicial ante la corrupción
El próximo miércoles se iniciará por fin el juicio del denominado caso Palau en el que Fèlix Millet y Jordi Montull se sentarán en el banquillo de los acusados como presuntos máximos responsables del saqueo de hasta 34 millones de euros del Palau de la Música, una de las instituciones culturales más prestigiosas de Catalunya. El juicio también afecta de lleno a la antigua Convergència (el actual PDeCAT), a la que Fiscalía imputa como responsable civil por beneficiarse supuestamente del desvío de fondos, ya que sostiene que se habría embolsado 6,6 millones abonados por la constructora Ferrovial a través del Palau. Precisamente, directivos de esta empresa y el extesorero de CDC Daniel Osácar también estarán en el banquillo. La vista se alargará durante 4 meses, por lo que aún falta mucho tiempo para que haya sentencia, y llega casi ocho años después de que los Mossos llevaran a cabo el registro que destapó el caso. Asimismo, dentro de dos semanas también comenzará la vista de otro presunto caso de corrupción, el Pretoria, en el que están acusados exaltos cargos del Govern de CiU como Macià Alavedra y Lluís Prenafeta y antiguos dirigentes del PSC como el exalcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz y el exdiputado Luis García. Igual que el anterior, los implicados fueron detenidos y posteriormente puestos en libertad con cargos, en 2009. Por eso, sea cual sea la sentencia en ambos casos, lo primero que hay que exigir es más celeridad judicial en asuntos de supuesta corrupción política, porque el castigo a este tipo de comportamientos debe ser prioritario para garantizar el buen funcionamiento de las instituciones públicas.
Ahora bien, la lentitud de las instrucciones de estos y otros casos no solo es responsabilidad del poder judicial, sino que el poder político también tiene un papel decisivo, ya que establece el marco legal y los medios de que dispone el sistema judicial, además de tener responsabilidad directa sobre el Ministerio Fiscal. Y hay que concluir que muchas veces los políticos están más interesados en frenar o influir sobre determinados procedimientos que en facilitar su agilización, como ha quedado patente en el que afecta al presidente autonómico de Murcia, del PP, después de que el Gobierno haya relevado al fiscal que impulsó la investigación.