Seguridad jurídica

Uno de los principios básicos de cualquier democracia, que desgraciadamente solo se valora cuando se pierde, es la seguridad jurídica, esto es la garantía que tenemos los ciudadanos sobre la vigencia y aplicación de las leyes, sobre la defensa de bienes y derechos y especialmente sobre la certeza de que la situación jurídica de los ciudadanos no será modificada más que por procedimientos regulares y conductos legales previamente establecidos, previa y debidamente publicados. Y da la impresión de que algunas reacciones a la resolución del Consell de Garanties Estatutàries o el intento de modificar el reglamento del Parlament para que pueda ser aprobada en trámite de lectura única y sin debate la ley de desconexión de Catalunya, aplazada por las mismas advertencias de los letrados del Parlament, pueden vulnerar esta seguridad. En el primer caso, ha sido un organismo consultivo pero creado por la misma Generalitat el que advierte de la inconstitucionalidad de la partida del referéndum sin que el president Puigdemont le conceda más valor y sin que se plantee una modificación porque el vicepresident Junqueras “estudiará” el informe sin renunciar a los retos propuestos. En el segundo caso, han sido los letrados del Parlament los que han advertido de los defectos formales de una reforma del reglamento para que un solo grupo parlamentario pueda promover una proposición legislativa por el procedimiento de lectura única. Esto quiere decir que los diputados conocerían en el momento de votar el texto sobre el que han de pronunciarse, previa modificación del orden del día y que es ni más ni menos que la ley de desconexión que prevé la convocatoria del referéndum. La maniobra serviría para eludir posibles recursos contra el president o miembros del Govern y también evitaría el debate parlamentario, pero la astucia no siempre es compatible con las garantías a los derechos y el respeto a la seguridad jurídica y puede entenderse que la apoye la CUP, una formación antisistema que ha hecho de la desobediencia su principal argumento político, pero llama la atención que también esté respaldada por Junts pel Sí, una formación de gobierno y defensora del respeto a la legalidad. Puede que algún día, si la mayoría de los catalanes así lo aprueba, haya que romper con la legalidad española y sentar las bases de una nueva legalidad, pero que sea con debate y transparencia y no con maniobras subrepticias.