Del error a la torpeza

Cuando un problema está mal planteado, no tiene solución y si el juicio contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau fue una torpeza, sería de ilusos confiar en que la sentencia pudiera enmendarlo o aportar alguna solución y, evidentemente, el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya persiste en el error que implicó la presentación de la querella y, aunque la petición fiscal de diez años de inhabilitación para Artur Mas se haya quedado en una condena de dos, agrava la situación política, porque estamos ante la primera condena a un presidente de la Generalitat elegido democráticamente. ¿Por qué? Según el tribunal, no por colocar las urnas sino por un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional, que había ordenado frenar el proceso participativo del 9-N sin que los condenados lo atendieran, como intentan demostrar con ocho pruebas relativas al mantenimiento de la web del proceso, la publicidad, el reparto de credenciales y material electoral o la actuación del departamento de prensa. Les absuelven de prevaricación y desde un punto de vista jurídico, conviene recordar que los fiscales catalanes no encontraron materia delictiva en la actuación de los ayer condenados y ya advirtieron los defensores que el delito de desobediencia requiere una notificación expresa y clara, que no se aportó, y una actuación continuada, que también consideran poco demostrada. Y el resultado es que, de entrada, se cuestiona la legalidad jurídica española con titulares en toda la prensa internacional explicando que se condena al presidente de Catalunya por colocar las urnas en un proceso participativo sin vinculación jurídica y que la cuestión puede acabar en el tribunal de Estrasburgo, con la consecuente internacionalización del conflicto. Quienes ayer desde Madrid se jactaban de que “quien la hace, la paga” y que con la sentencia se acaba el 9-N demuestran su torpeza y su falta de visión, porque han multiplicado el eco internacional del procés, han amplificado la indignación por la condena de un presidente elegido democráticamente que se limitó a pedir la opinión de sus conciudadanos, han empujado hacia el independentismo a algunos indecisos y han creado las primeras víctimas judiciales del proceso. Mas, Ortega y Rigau han sido inhabilitados por la justicia española, pero ya son héroes para los dos millones y medio de votantes del 9-N. Tal vez por esto ayer celebraban su inhabilitación como una victoria.