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Se había anunciado con tal profusión de bombos y platillos el anuncio de inversiones en Catalunya del presidente Rajoy que venía a arreglar el problema catalán tirando de talonario, que al final hay que preguntarse si hacía falta tanto ruido para encontrarnos con que las promesas de inversión en Catalunya en esta legislatura ascenderán a 4.200 millones. Repasando los presupuestos de 2016 nos encontramos con que las partidas de inversión para Catalunya se acercan a 1.200 millones, lo que multiplicado por las tres anualidades que faltan de legislatura, puede deducirse que hay un esfuerzo inversor, pero las partidas del año cerrado apenas representan el 10 por ciento del total cuando la aportación catalana a los ingresos presupuestarios está en torno al doble, con lo cual la generosidad de Rajoy ya queda más en entredicho porque mejora las cantidades absolutas pero sigue lejos de la proporción deseable y paralela a la aportación. Hay que discutir, en primer lugar, si un país ha de financiar sus infraestructuras en base a las supuestas muestras de generosidad de sus gobernantes –como ayer escenificó Rajoy– y no al derecho a una equidad presupuestaria según los ingresos aportados y a la atención a las necesidades perentorias y los compromisos adquiridos y, en segundo lugar, hay que lamentar que Rajoy solo haya convocado a empresarios para que le ayuden a conseguir la moderación y la sensatez necesaria para solucionar la cuestión catalana. Pero yendo a las promesas concretas, nos encontramos con que la principal partida es de 1.900 millones para Cercanías de Renfe, un compromiso que hace años que se incumple, que se renueva la voluntad de construir el corredor mediterráneo, y que en lo referente a Lleida se anuncian 56 millones para el desdoblamiento de la N-240 que ya estaban anunciados y prometidos y que vuelven a referenciarse al 2020. Son inversiones que en algunos casos ya deberían estar hechas y que en otros estaban comprometidas, pero que en cualquier caso son bienvenidas si finalmente se ejecutan en los plazos previstos, pero que en ningún caso pueden interpretarse como un gesto magnánimo del Gobierno hacia una comunidad díscola, sino como una obligación por los impuestos aportados. Mucho nos tememos que el planteamiento de Rajoy, y del PP, sea el primero y entonces también deberían ser conscientes de que ni en política, ni en la vida, el dinero sirve para arreglarlo todo.

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