Ante el aumento de la okupación

La okupación, como fenómeno urbano en el Estado español, ha recorrido un ya largo camino desde sus comienzos a finales de los años 70 hasta su renacimiento en esta última época, coincidiendo con la crisis económica. Un camino que se inició como una postura política reivindicativa y ha evolucionado hacia la marginación. En España se cuentan por millares las personas que carecen de un techo, a lo que tendríamos que añadir las dificultades que encuentran la mayoría de los jóvenes para emanciparse, incluso pese a contar con un puesto de trabajo, pero cuyo exiguo salario no les alcanza para hacer frente a altos alquileres o hipotecas. Junto a esta situación tenemos el fenómeno de los “pisos patera”, donde se hacinan personas, en la mayoría de los casos inmigrantes, que hacen auténtica alquimia para poder pagar la renta entre las 5, 6 o 7 personas que ocupan una habitación. Esta es una realidad que no podemos ni debemos olvidar en una sociedad cuya Constitución precisamente convierte en ley de máximo y obligado cumplimiento que todo ciudadano tiene derecho a una vivienda digna. Paralelamente, contamos por decenas de miles los pisos vacíos, la mayoría propiedad de bancos, a la espera de una mejora económica que reactive su venta. En medio, las administraciones, sobre todo ayuntamientos, que están haciendo un gran esfuerzo para tener los suficientes pisos sociales para acoger a las personas que los necesitan. En este apartado, cabe hacer una mención especial a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), cuya labor de asesoramiento y ayuda a miles de personas merece un reconocimiento público. Y finalmente no podemos olvidar a las víctimas, tanto a los ciudadanos que deben recurrir a la okupación por falta de recursos, como a los propietarios de viviendas que ven peligrar su propiedad o convivencia vecinal por la farragosa y lenta legalidad del desalojo. Una sociedad avanzada se mide precisamente por las garantías básicas, como la vivienda, que garantiza pero evidentemente sin perjudicar derechos de terceros que, con esfuerzo y compromiso de pago, son propietarios de viviendas. Corresponde a las administraciones que pueden legislar garantizar los derechos y deberes de unos y otros y no dejar el problema en manos municipales, que bastante hacen los consistorios con mediar y asumir responsabilidades que no les corresponden, al menos en exclusiva.