Evasores fiscales

El balance anual de decomisos de tabaco de contrabando y de divisas presentado ayer por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria de Lleida revela que el pasado año se intervinieron en la aduana de La Farga de Moles 2,8 millones de euros, el doble que 2015. Y esta cifra se eleva a 10 millones si contamos el periodo de los últimos cinco años, y otros 2 millones en tabaco correspondientes a un total de 215.000 cajetillas. El resumen sería que siguen aumentando las confiscaciones de divisas, mientras que continúan bajando las de tabaco de contrabando. Seguramente ha tenido que ver que se han intensificado los controles en la aduana porque al disminuir la recaudación de Hacienda por la crisis, el Gobierno central busca recursos en todas partes, pero también en el caso de las divisas, a los efectos de la crisis económica, que son un caldo de cultivo para unos cuantos para defraudar al fisco. Y es que en la coyuntura actual son los ricos los que disponen de dinero para llevar al extranjero, por ejemplo a Andorra, y así obtener un ahorro de impuestos a sabiendas de que es ilegal. Ejemplos mediáticos de defraudadores que hayan salido a la luz serían Jordi Pujol y toda su familia y la diva Montserrat Caballé, a los que Hacienda ha sentado en el banco de los acusados. Por el contrario, el común de los ciudadanos, acuciados por los recortes, el paro y la pérdida de poder adquisitivo, no están en condiciones de optar por esta vía ni tienen la posibilidad puesto que sus nóminas están controladas por Hacienda.

Desde hace unos seis años Andorra ha dejado de ser un paraíso fiscal para las autoridades españolas después de la firma de un acuerdo bilateral sobre intercambio de información bancaria. Pero la fiscalidad que aplica todavía es más baja que en España y el Principat sigue siendo atractivo, por ejemplo, para muchos deportistas que fijan su residencia en el país vecino porque solo tributan el 10% de sus ingresos frente al 50% de aquí. En definitiva, unos por delincuentes y otros por privilegiados merman las arcas del Estado y ello repercute de manera negativa en la inmensa mayoría de la ciudadanía, porque se queda con menos servicios públicos o de menor calidad. Ante un sector de la población tan egoísta e insolidario con la mayoría, es satisfactorio que los cacen en la aduana o que los castiguen los jueces.