Una dimisión obligada

Manuel Moix presentó este jueves su dimisión como fiscal jefe Anticorrupción. El ya exjefe, salpicado por la polémica desde su llegada a la Fiscalía, toma la decisión justo dos días después de que se conociera su vinculación con una empresa radicada en Panamá, Duchesse Financial Overseas, de la que Moix posee el 25% desde 2012. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, fue el encargado de hacer pública la renuncia irrevocable de Moix.

Las tres asociaciones de fiscales (Unión Progresista de Fiscales, UPF; la Asociación de Fiscales, AF; y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, APIF) ya habían solicitado también su cese, al igual que todo el arco parlamentario excepto el PP. La dimisión era obligada e inaplazable porque como toda persona con un mínimo de luces o decencia entiende, al frente del organismo que debe combatir cualquier tipo de corrupción no puede estar un fiscal permanentemente cuestionado, siempre en el ojo del huracán y cuya conducta personal dista mucho de ser ejemplarizante.

Porque por muy legal que pudieran ser las mil y una ingenierías financieras con las que algunos ciudadanos privilegiados eluden su contribución al bienestar común, la moralidad y la ética deben ser estandartes intocables de cualquier persona que forma parte de los poderes públicos. Y el mando de la Fiscalía Anticorrupción está a años luz de esta imparcialidad e independencia que se le supone y exige.

Moix, por poner solo algunos ejemplos, ordenó por escrito a los fiscales del caso Lezo que no ejecutaran el registro del domicilio de Ignacio González, principal cabecilla de este entramado societario que expolió las arcas de la empresa pública Canal Isabel II. Asimismo, impuso a los fiscales del caso la retirada del delito de organización criminal contra el expresidente de la Comunidad de Madrid. El ya exfiscal jefe intentó apartar del caso Lezo a los fiscales que han llevado la investigación desde hace casi 19 meses, Carlos Yáñez y Carmen García, lo que Moix negó, pero días después, la SER se hizo eco de un documento inédito que probaba que el fiscal jefe mentía.

Un cese, pues, más que necesario para una persona que jamás debió aceptar este cargo, sabedor de lo que tenía en la mochila. Malos tiempos para el poder judicial, que ve cómo un día y otro también hay más sombras que luces en su labor, que debería ser intachable. Mala noticia para la democracia.