Asegurar las pensiones, una obligación

Puede haber muchas lecturas de por qué el sistema público de pensiones se enfrenta a una grave crisis o cuáles deben ser las medidas a adoptar, pero lo que está claro es que las cifras demuestran la necesidad de afrontar la situación. Los últimos datos oficiales sitúan los fondos de la llamada hucha de las pensiones, que había ido engordando en los momentos de bonanza económica para afrontar posibles problemas, en apenas 15.020 millones de euros, insuficientes para cubrir el coste de una “nómina” de los mayores en todo el Estado. La situación es especialmente delicada porque las cotizaciones de los trabajadores en activo a la Seguridad Social se demuestran insuficientes para costear las prestaciones. De hecho, solo hay 184.604 trabajadores que aporten ingresos a la Seguridad Social para poder costear las 97.813 pensiones de la provincia. Así, las cotizaciones en Lleida apenas servirán para cubrir las necesidades económicas de las prestaciones hasta septiembre, pero no permitirán costear los tres últimos meses y la paga extraordinaria de Navidad. Las pensiones de la provincia suponen un gasto mensual de 78,69 millones, cifra que en catorce pagas roza los 1.102 millones. Sin embargo, el desfase que sufrió el sistema en Lleida el año pasado entre los ingresos y los gastos alcanzó los 289 millones de euros. Este desequilibrio, además, no tiene visos de reducirse, sino todo lo contrario. Por una parte, porque el empleo que se crea está caracterizado por salarios bajos, sinónimo de bajas cotizaciones. Por otra, porque el número de nuevos pensionistas crece de forma inexorable y los mayores cada vez permanecen más tiempo cobrando una prestación gracias al aumento de la esperanza de vida. El peso de los jubilados con respecto a los jóvenes es cada vez más importante. A corto plazo no habrá problema para subsanar este déficit con los presupuestos generales del Estado o directamente del Tesoro pero está claro que hay que ir repensando el sistema. Las premisas: menos trabajadores, menos salarios y más esperanza de vida abocan a la clara conclusión de que urgen cambios estructurales. Y lo que no sería de recibo e intolerable se mire por donde se mire es que trabajadores que han cotizado toda su vida, ahora vean peligrar su paga, el bienestar social de su vejez y su jubilación por una mala planificación del Gobierno que no vio, o no quiso ver, las debilidades del sistema actual.