Más allá de las urnas

A tres meses vista de la convocatoria del 1 de octubre para el referéndum anunciado por la Generalitat, el fracaso en el concurso para la compra de las urnas y los problemas para movilizar el voto exterior se han convertido en dos nuevos factores de incertidumbre en un proceso en el que, de momento, pesan más las voluntades que las certezas y las garantías para que pueda ser una consulta efectiva, vinculante y reconocida internacionalmente como es el objetivo.

Que el concurso para la compra de las urnas quedara desierto y que no hubiera empresas con garantías dispuestas a afrontar el reto era previsible, tanto por las condiciones exigidas como por las presiones del Gobierno español, que como está sucediendo con todos los pasos de la Generalitat eran esperables y debían ser contempladas, pero no tendría que contemplarse como un obstáculo insalvable porque hay otros procedimientos para comprarlas y sobre todo porque la pureza de una convocatoria a las urnas no depende de que sean de metacrilato o que reúnan determinadas condiciones.

Hay alternativas como un nuevo concurso, aunque apremia el tiempo, o un procedimiento negociado, aunque es evidente que también habrá recursos de Madrid, pero lo trascendente de cualquier cita ante las urnas está en las garantías del proceso, en el censo de quién votará, quién lo controlará y supervisará, dónde se votará y sobre todo con qué marco legal, en base a qué legalidad se convoca y se celebra.

Desde la Generalitat se asegura que todas estas dudas se despejarán en el acto del día 4 en el Teatre Nacional, pero la primera duda fundamental es que un referéndum como el anunciado no cabe en estos momentos en la legislación española y no se atisba la menor intención de Madrid de permitirlo, y Catalunya no tiene en estos momentos un marco legal que contemple un referéndum como el anunciado. Puede, y es de suponer que se hará, elaborarse una ley específica que lo regule, pero ni se conoce, tendrá que debatirse y todo apunta a que también será impugnada.

Pasar de la legalidad española a una legalidad catalana se antoja jurídicamente imposible, por lo que en un momento determinado tendrá que producirse una ruptura, de forma que se desobedezcan o se dejen de cumplir los requerimientos de las instituciones españolas. El día 4 tendrán que despejarse estas incógnitas si no quieren que el 1-O sea una reedición del 9-N.