EDITORIAL
El cese del conseller
En vísperas de que el president de la Generalitat exponga hoy los detalles organizativos y la base legal del referéndum del 1 de octubre, y en medio de filtraciones de todos los colores sobre los proyectos que se barajan, las declaraciones del conseller de Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, han quebrado el panorama unitario con que se rodeaba el procés expresando unas dudas que le han costado el cargo con un cese fulminante.
El president Puigdemont le destituyó horas después de que lo exigiera la CUP, “sin excusas y sin dilaciones”, de que el vicepresidente Junqueras le corrigiera desde una emisora y después de que el conseller reiterara su lealtad con el president y su compromiso con el referéndum y mientras la coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, defendiera al conseller y asegurara que “llegaremos al referéndum con Baiget en el Gobierno”.
Ya no será así y a las dudas expresadas por Baiget se pueden añadir ahora otras sobre la coordinación del president con su partido pero ha quedado claro que Puigdemont no quiere posturas ambiguas ni titubeos de cara al referéndum y no ha dudado en prescindir de un conseller que llegó al gobierno con un perfil más técnico que político, pero con el aval de ser un hombre de confianza de Artur Mas.
La crisis se ha resuelto momentáneamente con el nombramiento de Santi Vila como nuevo conseller de Empresa, que compaginará esta departamento con el de Cultura hasta que se nombre a un nuevo titular para esta conselleria, y es curioso que ayer mismo Vila también admitía dudas y “discrepancias ideológicas” en el seno del gobierno, reconociendo que en esta legislatura “ha prevalecido la política de extrema izquierda de la CUP, que nos ha contagiado a los partidos convencionales”.
En cualquier caso, lo que no hace el relevo es disipar las dudas verbalizadas por el conseller saliente y compartidas por buena parte del catalanismo moderado en el sentido de que “probablemente no podremos hacer el referéndum y tendremos que hacer una cosa diferente, que puede parecerse al 9-N”, además de admitir algo tan evidente como que “una parte del gobierno no está en el núcleo duro de las decisiones y no se nos consulta la estrategia” o que “aguantaría ir a prisión, pero no que vayan contra el patrimonio”.
Habrá que confiar en que las aclare hoy Puigdemont junto a las que se puedan plantear sobre la base legal, las garantías o la salvaguardia de los funcionarios.