Una escalada previsible

Tal como era de esperar, el Gobierno, con el aval del Consejo de Estado, presentó ayer recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del reglamento del Parlament de Catalunya para que pudieran aprobarse por procedimiento de urgencia y en lectura única las leyes de desconexión. El recurso paraliza la aplicación del nuevo reglamento y habrá que ver cuál es la respuesta catalana después de que todos los diputados soberanistas firmaran la ley del referéndum, aunque todo apunta a que en este “juego de astucias” unos y otros agotarán los plazos legales para evitar el inevitable recurso. Mientras, continúa la escalada verbal con citaciones de cargos intermedios, investigaciones de la Guardia Civil con amenazas de imputación por la web del referéndum y el censo de catalanes en el extranjero, y por otra parte se mantiene cierta relación institucional con el anuncio del vicepresidente Junqueras de que asume la responsabilidad en el control del gasto, y lo que es más significativo, que ya se ha remitido al gobierno central la primera comunicación con la relación de gastos solicitada. Es decir, que mientras aumenta la escalada gestual y verbal, incluidas las declaraciones de Puigdemont a Le Figaro y el pronunciamiento de la patronal catalana, se mantiene una cierta normalidad en el funcionamiento que evidentemente algún día, si se quiere celebrar el referéndum, tendrá que romperse. Estamos en una partida de póker, que a buen seguro se prolongará durante todo el verano, en la que ninguna de las dos partes enseña sus cartas y donde se anuncian leyes, actuaciones y recursos pero sin que de momento se rompa la baraja de la legalidad. La situación debía estar prevista porque desde el primer minuto era evidente que Madrid no permanecería impasible ante un proceso que la mayoría parlamentaria catalana quiere que desemboque en la independencia. Es previsible que el Gobierno central reaccione con todos los medios a su alcance, jurídicos, políticos y económicos, para evitar lo que desde su punto de vista es una vulneración de la legalidad española. Si desde Catalunya el Govern quiere llegar a esta independencia, también es inevitable que en un momento determinado rompa con esta legalidad y quiera imponer una diferente aunque sea con su precaria mayoría, que no le permitiría ni modificar el Estatut. Como el diálogo cada día parece más difícil, esta escalada se antoja imparable.