La intolerable situación de El Prat

El Gobierno central reforzará a partir de este lunes la presencia de la Guardia Civil en las líneas de los controles de seguridad del aeropuerto de El Prat para evitar las aglomeraciones y las colas que se dan por la huelga de los empleados de Eulen, la concesionaria. La Generalitat de Catalunya ha ofrecido los Mossos d’Esquadra para reforzar los despliegues. Es una maniobra de última hora ante el inminente paro total e indefinido que debe arrancar si nadie lo remedia el próximo lunes, en el puente turístico más álgido del año, el del mediados de agosto. No se ha precisado el número de agentes que se incorporarán. La otra línea de actuación será empezar a realizar informes para determinar cómo podría establecerse un laudo de arbitraje obligatorio para el fin del conflicto. Al margen de que el gobierno del Estado hace bien en poner por delante de cualquier consideración la seguridad de los viajeros, lo cierto es que el conflicto de El Prat tiene muchos puntos oscuros que Madrid debería aclarar para no llegar a la conclusión de que no se ha hecho todo lo que se ha podido para evitar la huelga y que se ha actuado tarde y mal. Las competencias del aeropuerto de El Prat son del Gobierno central, que lo explota a través de la empresa pública Aena, y ninguna de las reiteradas demandas de cesión de competencias a la Generalitat han obtenido respuestas positivas. Aena, a su vez, subcontrata a través de concursos la mayoría de los servicios y, en el caso de la seguridad que nos ocupa, con un recorte considerable de recursos. El aeropuerto barcelonés ha visto disparar el número de viajeros e ingresos en los últimos años y solo en el primer semestre de este 2017 ha registrado 22 millones de pasajeros y su ritmo de crecimiento es muy superior al de Madrid-Barajas, mientras la inversiones son diametralmente inferiores en el catalán. El personal de Eulen en Barcelona suma un total de 300 efectivos, por el triple en el Adolfo Suárez, con lo cual ya queda evidente la desproporción de trato a unas y otras instalaciones. El clima de tensión que viven el gobierno catalán y el español por el proceso soberanista no debe perjudicar bajo ningún concepto la imagen de las instalaciones y muchísimo menos a sus pasajeros y la prioridad, tanto de unos como de otros, ha de ser recuperar la normalidad sin dilación y sin socavar, por supuesto, los derechos de los trabajadores.