Derecho a la vivienda, no a okupar

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. Así reza el artículo 47 de la Constitución, esa Carta Magna cuyos enunciados aplica religiosamente el Gobierno central cuando se trata de afrontar el proceso soberanista catalán y que quedan en el olvido en otros ámbitos, como este de la vivienda.

El estallido de la crisis hace una década demostró que este artículo estaba muy lejos de ser una realidad, y miles de familias se quedaron literalmente en la calle al ser desahuciadas por las entidades bancarias al no poder pagar la hipoteca. En este contexto, las okupaciones de viviendas, hasta entonces un fenómeno marginal, se multiplicaron.

Y como suele suceder en situaciones como esta, entre los que actuaron así por pura necesidad también se mezclaron otros que acabaron arrasando literalmente todo lo que había de provecho en las viviendas vacías, muchas de ellas propiedad de bancos, como ha sucedido por ejemplo en diversos bloques de los barrios de la Mariola o el Barri Antic en Lleida, o creando mafias que okupan pisos para alquilarlos.

Se trata de un triple fracaso por parte de los poderes públicos. Primero, porque su obligación es disponer de un parque de viviendas que permita atender a casos de emergencia; segundo, por haber dejado que las entidades bancarias actuaran a sus anchas en materia de desahucios mientras parte de ellas eran rescatadas con una ingente aportación de dinero público, y tercero, por no haber atajado las okupaciones mafiosas.

Solo en los últimos años han empezado a reaccionar, con medidas para intentar frenar los desahucios, atender a los afectados y forzar a los bancos a ceder pisos desocupados.

Pero ello no es óbice para dejar claro que la okupación no debe ser la solución para la falta de vivienda, por lo que la proposición de ley que tramita el Congreso para agilizar los desalojos cuando las casas okupadas sean de particulares, entidades sociales o de la administración –no de los bancos– parece razonable.

Paralelamente, hay que impulsar iniciativas que den una respuesta efectiva a familias sin vivienda o que están en riesgo de exclusión social, como por ejemplo facilitando pisos sociales con alquileres asequibles. Hacer que el derecho a la vivienda sea una realidad es la mejor manera de acabar con las okupaciones.