El curso político que empieza

A treinta y cinco días de votar, ayer, Junts pel Sí y la CUP superaron un nuevo escollo y presentaron conjuntamente la Ley de Transitorietat i Fundacional de la República. Un total de 89 artículos y tres disposiciones finales –una suspensiva, por si gana el no– que regulará jurídicamente Catalunya entre el 1-O –en caso de victoria del sí– hasta las elecciones constituyentes. Una ley que se aprobará antes del primero de Octubre en un acuerdo in extremis, puesto que entre el PDeCAT y la CUP se vivía una lucha encarnizada sobre el “tempo”. Finalmente, hubo fumata blanca para dar el sello de solvencia en la recta final del camino jurídico del proceso soberanista antes del referéndum. La respuesta de Madrid no se ha hecho esperar y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, conversaron en la mañana de ayer sobre esta normativa y, según explicó en rueda de prensa posterior el portavoz de la Ejecutiva socialista, Óscar Puente, Sánchez le reiteró al líder del PP el compromiso del PSOE y su apoyo para dar una respuesta conjunta ante el “desafío de las fuerzas separatistas catalanas”. El nuevo curso político que arrancó este lunes 28 de agosto lo hace pues con la misma tensión con la que acabó antes del paréntesis vacacional, e incluso más si cabe tras los abucheos al rey y el presidente del Gobierno español en la manifestación contra el terrorismo del sábado. Pero como no solo de Catalunya y su proceso vive la política española, mañana Mariano Rajoy tiene una cita importante, ya que deberá comparecer ante el Congreso para explicar las relaciones de la trama Gürtel con el partido que dirige y afrontar uno de los temas más dolosos de los últimos años: la corrupción. El choque de trenes está, pues, servido, y todos los representantes políticos tienen ante sí el reto de resolver de una vez el modelo de Estado que no se pudo o quiso afrontar en la transición y sentar las bases políticas y jurídicas para pasar página del nepotismo y las corruptelas miles. El café para todos ha acabado y Catalunya reclama el papel que por historia, cultura, aportación económica y voluntad de ser de sus habitantes le corresponde. Es responsabilidad de la clase política hallar la manera de converger estas legítimas espiraciones catalanas con el desarrollo de un Estado español moderno que supere complejos y lastres del pasado.