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A menos de un mes para el 1 de octubre, la fecha prevista para la celebración del referéndum de independencia, esta semana el conflicto entre Catalunya y España ofrecerá un nuevo episodio de confrontación. El miércoles es el día previsto para que el Parlament apruebe la ley del Referéndum que, aunque no figura en el orden del día, entrará a petición de los grupos de Junts pel Sí y la CUP, un trámite contemplado en el reglamento de la cámara. A continuación se publicará el texto en la edición electrónica del Diari Oficial de la Generalitat, y a renglón seguido el Executiu se reunirá en sesión extraordinaria para firmar de forma colectiva el decreto de convocatoria para que se celebre el 1-O. A cada paso de los soberanistas el gobierno de Rajoy ya tiene prevista su respuesta, y una vez consumado el acuerdo del Parlament el Consejo de Ministros, también extraordinario, pedirá al Tribunal Constitucional un incidente de ejecución de la sentencia que ya advirtió en su momento que seguir con el proceso tendría consecuencias penales. El Alto Tribunal ya estará reunido y por tanto podría instar de inmediato la actuación de Fiscalía y suspender la ley del Referéndum. Y a la firma del decreto por parte del Govern responderá con otra reunión extraordinaria para que actúe Fiscalía, y el TC podría suspender temporalmente a los firmantes.

Este es el guión previsto por los dos contendientes de esta partida, que parece que juegan con las cartas boca arriba, pero en realidad los independentistas tienen una estrategia mejor diseñada que Mariano Rajoy, que ha decidido actuar a remolque fiándolo todo a la aplicación estricta de la ley. En efecto, la aprobación de la ley del Referéndum y la respuesta coercitiva a esta acción por parte del Gobierno central y del Tribunal Constitucional es el mejor reclamo para que el lunes 11, en la Diada Nacional de Catalunya, que este año se concentra en Barcelona, los miles de independentistas que ya tenían previsto manifestarse aumenten sustancialmente y el proceso soberanista salga más reforzado. Habrá que esperar a la resolución de este pulso y sus consecuencias. Pero no será el último antes del desenlace final, puesto que todavía está pendiente de aprobación la ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la nueva República.

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