Legitimidad y legalidad

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, compareció ayer para leer una nota oficial en la que dio cuenta de las actuaciones que el Ministerio Público llevará a cabo “en defensa de la legalidad y el Estado de derecho”. Medidas que se concretan en sendas querellas contra los miembros de la Mesa del Parlament y contra el Govern de la Generalitat que aprobaron la ley de la consulta, los primeros, y el decreto de convocatoria del 1-O, los segundos, así como acciones dirigidas por las cuatro fiscalías provinciales catalanas contra cualquier acto de preparación del referéndum, incluidos los 948 alcaldes de Catalunya. Por su parte, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, anunció sendos recursos contra la Ley del Referéndum y la convocatoria oficial de la consulta, que fueron admitidos por el Constitucional, quedando por tanto suspendidas ambas. Haciendo caso omiso a estas advertencias, la cámara catalana siguió ayer adelante en la hoja de ruta de Junts pel Sí y la CUP con la aprobación de la Ley de Transitoriedad o de desconexión, que ha de dar cobertura legal a la ciudadanía catalana en los próximos 6 meses, tanto para la celebración del 1-O, como del periodo constituyente hasta que se celebren nuevos comicios. En este punto de crisis institucional nadie da su brazo a torcer. El líder del PP sigue centrando la batalla en la justicia, sin mover ni un dedo para abrir la vía política, y los independentistas se debaten en un mar de legitimidades y legalidades, que no siempre van de la mano. Sin duda la mayoría parlamentaria de catalanes que aspira a la independencia está más que legitimada para esta reclamación, y razones de toda índole no le faltan desde que un recurso del PP recortó en 2010 el Estatut d’Autonomia de 2006, que habían votado masivamente en referéndum, refrendado las Cortes Españolas y firmado el rey. Pero si la legitimidad llena de argumentos al independentismo, la legalidad del proceso en el que estamos inmersos es cuestionable, tanto por las formas empleadas para aprobar la ley del referéndum y de la desconexión, como por las garantías que puede ofrecer a la ciudadanía en todos aquellos marcos administrativos necesarios para el funcionamiento cotidiano. Habrá que esperar y confiar en que la política se abra paso pronto en este mar de principios, derechos y legajos jurídicos de ambos bandos.