Menos bronca y más reflexión

Tras la aprobación de la convocatoria y a medida que se acerca el 1-O, la brecha se va ampliando mientras van menguando las esperanzas de una salida no traumática al conflicto. Desde Madrid, lo fían todo a las querellas, los recursos de inconstitucionalidad y las amenazas que cada día son menos veladas, pensando que la denominada “brigada Aranzadi” podrá solucionar en los tribunales lo que los gobernantes han sido incapaces de afrontar. Da la impresión de que siguen sin entender las raíces de la reivindicación catalana y aún no quieren asumir que al Gobierno catalán y a los partidarios de la independencia les resultan indiferentes las resoluciones de los tribunales españoles, una vez que han optado por la desobediencia y por anteponer el mandato de una mayoría parlamentaria a la legalidad estatutaria. No han sabido atisbar el descontento catalán durante los últimos años, no han hecho nada para atajarlo y no parecen dispuestos a bajar de su pedestal. Desde Catalunya, la mayoría gubernamental se ha apuntado a que el fin, la independencia, justifica los medios, aunque haya que saltarse los dictámenes del Consell de Garanties, desoír a los mismos letrados del Parlament elegidos para asesorar y aprobar las leyes más importantes de la historia del país sin respetar los procedimientos parlamentarios, reclamando ahora la implicación de los ayuntamientos con duras campañas contra quienes reclaman el dictamen sobre la legalidad de lo que se les pide. Hemos entrado en un proceso en el que las dos partes ya exigen alineamiento y hasta militancia, en el que las descalificaciones predominan sobre los argumentos, en el que sobra bronca y falta reflexión, y en el que da la impresión de que nadie está dispuesto a ceder un ápice en sus planteamientos y ni siquiera admite la posibilidad de sentarse a negociar. Con semejante escenario y con las actitudes que se ven, todo es susceptible de empeorar, pero una amplia mayoría de ciudadanos seguimos siendo partidarios de que se hable, que se busquen fórmulas consensuadas, legales y vinculantes para que la sociedad catalana pueda pronunciarse sobre su futuro, que se busque una articulación del Estado que solvente los agravios que ha padecido y padece Catalunya, y que se facilite un encaje en que las dos partes puedan sentirse cómodas y a gusto. Es difícil porque nadie pone de su parte, pero la esperanza es lo último que se pierde.