Los alcaldes, en el punto de mira

El sistema político español, y también el funcionamiento de nuestros pueblos y ciudades, confiere un protagonismo especial a los alcaldes, que como autoridad más próxima al ciudadano son los que tienen que dar la cara cuando hay problemas en los servicios más básicos y también cuando no se atienden las reivindicaciones. A ellos acudimos cuando hay baches o falla el suministro de agua, cuando consideramos que la limpieza de las calles no está a la altura de lo esperado y también cuando no se consiguen para el pueblo las infraestructuras que tiene el vecino. Cada vez que hay elecciones municipales resaltamos el papel de los alcaldes, en especial los de pueblos pequeños, que asumen una responsabilidad y un trabajo añadido que en la mayoría de los casos no está ni adecuadamente remunerado, ni tampoco en otras ocasiones está suficientemente reconocido por los convecinos. Pero aunque los alcaldes sean un pilar básico de nuestra democracia, tal vez sea pedirles demasiado que se conviertan en la piedra angular del proceso que vive Catalunya y traspasarles la responsabilidad de que se vote o no el 1 de octubre. Y si es exagerada la presión, tanto institucional como en las redes sociales, a la que han sido sometidos los que no ceden locales, aplicando informes jurídicos y su interpretación de la legalidad, ya es una desmesura sin precedentes el requerimiento de la Fiscalía citando a los que apoyan el referéndum para ser interrogados y que sean detenidos en el caso de que no comparezcan. Con esta medida se persigue y se pretende amedrentar al último eslabón de la cadena, los primeros ediles, que se limitan a trasladar a sus municipios lo que reclaman sus vecinos y que han aprobado el Parlament y el gobierno de la Generalitat. Puede que haya una traslación de responsabilidades a los alcaldes en una materia que evidentemente supera las competencias municipales, pero es evidente que desde el otro lado también se busca frenar el proceso con una ofensiva contra estos ediles como aviso para otros implicados en el proceso. No es previsible que los alcaldes cambien de opinión, ni los que no quieren ceder locales municipales, ni los que apoyan el referéndum, pero lo que es inimaginable en una democracia es que los más de 700 alcaldes que apoyan la convocatoria del 1-O puedan acabar detenidos en prisión. Tienen el respaldo de sus vecinos.