La fuerza de los ayuntamientos

Más de 700 alcaldes, con Ada Colau al frente, están dispuestos a defender el referéndum del 1-O y a plantar cara a las advertencias del Estado. Así lo demostraron ayer en un acto de fuerza más que simbólica tanto en el ayuntamiento de Barcelona como en el Palau de la Generalitat y que llenó la Plaça Sant Jaume de ciudadanos en defensa de los representantes municipales, citados por la Fiscalía General del Estado. Carles Puigdemont replicó a las amenazas de Rajoy, aconsejando al Estado que “no subestime la fuerza del pueblo de Catalunya, que ha decidido decidir”. Colau les recibió con un cálido “este ayuntamiento siempre es vuestra casa y hoy más que nunca”. “Estamos aquí en una imagen inaudita que hace unas semanas no podíamos imaginar, nos encontramos en una situación impensable en democracia, estamos aquí para denunciarlo”, añadió. Además del presidente catalán y la alcaldesa de Barcelona, el vicepresident Oriol Junqueras y los representantes de las entidades locales AMI y ACM tomaron también la palabra varios de los alcaldes investigados y citados a declarar por apoyar el 1-O, entre ellos dos en representación de Lleida: el de Albatàrrec, Víctor Falguera, que hizo una encendida defensa del papel que juegan estos primeros ediles en pro de los ciudadanos y sus ideas, y el de Mollerussa, Marc Solsona, que afirmó que él no era ningún delincuente y que veía insólito tener que ir a declarar por defender la democracia.

Lo cierto es que ver a representantes del 75 por ciento de los ayuntamientos de Catalunya, más del 90 por ciento en Lleida, comprometidos con la votación del 1-O no puede ni debe quedar como un acto más de apoyo al independentismo. El poder local representa el primer eslabón de la relación de los ciudadanos con el Estado y son estos hombres y mujeres los que más cerca están de preservar los derechos de sus vecinos, y la libertad de expresión, de reunión y opinión están entre los fundamentales, y la vía judicial para frenar el referéndum está cruzando líneas rojas. Se puede juzgar a los alcaldes por desobediencia, pero nunca por secundar la consulta dado que hace años que dejaron de estar penados, los referéndums. Se agota el tiempo y urge que alguien ponga sentido común y busque una respuesta política a la cuestión catalana.