Pulso por los Mossos

La escalada de tensión entre Gobierno central y la Generalitat que protagoniza la actualidad de las últimas semanas dio ayer un salto cualitativo y, aunque quizá a algunos no les haya sorprendido tal y como avanzan los acontecimientos, con una injerencia totalmente insólita e inaudita en plena democracia. Así, después de una presunta desactivación de la infraestructura que debía permitir la consulta, y de intervenir las cuentas catalanas por parte del ejecutivo de Rajoy, ayer le llegó el turno a los Mossos d’Esquadra con la orden del fiscal jefe del Tribunal Superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, según la cual la secretaría de Estado asumía la coordinación de las actuaciones de todas las fuerzas de seguridad sobre el 1-O. Este intento de relegar a la policía autonómica fue rápidamente contestado, y con contundencia, por el conseller de Interior, Joaquim Forn, quien aseguró que desacatarán este mandato al considerar que “es intolerable que el Estado dirija los operativos policiales de Catalunya vía un alto cargo del ministerio”, y añadió que de facto “buscan intervenir” a la policía catalana, a la vez que se saltan el Estatut. Poco después fueron los propios Mossos, a través de un comunicado del Sindicat Autònom de Policia (SAP), mayoritario, quienes dejaron clara su posición contraria a la orden de Fiscalía, orden “que no entendemos y criticamos”, a la vez que reclamaron a todos los actores políticos “que se deje de utilizar la policía de la Generalitat como instrumento político ya que esta (policía) ha demostrado y lo continuará haciendo que está a la altura de las circunstancias”. Así las cosas, y a la espera de que la negativa de la conselleria de Interior a acatar la orden se traduzca en una respuesta jurídica, la evolución de los acontecimientos tendrá otro momento culminante mañana lunes, cuando el Major de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, tendrá que confirmar que no acepta la orden del Ministerio Público en una nueva reunión de coordinación convocada por la Fiscalía Superior de Catalunya, exponiéndose a ser llamado a declarar en calidad de investigado por un delito de desobediencia. Si no interviene algún mediador o ninguna parte hace caso al llamamiento de los Mossos de que sean los políticos los que aporten soluciones ante esta situación “inédita” que vive Catalunya, nos abocamos a una semana de vértigo cuya conclusión se hace difícil de predecir.