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Seguimos inmersos en la vorágine de acontecimientos que rodean todo lo que está relacionado con el referéndum convocado para el próximo domingo, con una sucesión de hechos que se superan día a día. Ayer tuvo lugar una masiva concentración que dejó pequeña la plaza de Sant Joan y que se repitió en diferentes poblaciones, pero la noticia que hizo sonar las campanas fue la sorprendente prohibición, por parte de la Real Federación Española de Fútbol, de que el Lleida Esportiu pudiera jugar su partido ante el Atlético Saguntino con la camiseta de la senyera. Y mientras esperpentos de este calibre nos dejan anonadados, en el mundo siguen sucediendo cosas y, lo que es peor, algunas no acaban de suceder. Este sería el escandaloso caso de la llegada de refugiados a España, personas que se han visto obligadas a dejar su país, sus pertenencias y, en muchos casos, sus familias, para salvarse de unas guerras inacabables. Estas personas, a las que Europa les tenía que hacer un lugar, siguen en unos campos de refugiados en unas condiciones prácticamente inhumanas, con el hándicap de que el plazo acordado por los estados miembros de la Unión Europea para la reubicación y reasentamiento de 160.000 refugiados en dos años expira justamente mañana martes.

Pese a los solemnes compromisos y grandilocuentes comunicados oficiales, además de las oleadas de solidaridad que provocaron imágenes hirientes como el pequeño Aylan ahogado en una playa, el balance de actuaciones al respecto es más que desalentador y España está a la cola de efectividad. El Gobierno, que se comprometió a acoger a 17.337 personas, ha ayudado solo a 1.980 hasta ayer, es decir, un mísero 11,4% de la cuota pactada. De estas, 217 han llegado a Catalunya, once de las cuales a Lleida. Oxfam Intermón y otras ONG denunciaron esta pasada semana la “falta de voluntad política“ del Gobierno para cumplir sus compromisos, teniendo en cuenta que otros estados considerados más pobres, como sería el caso de Portugal, han dado asilo al 40 por ciento de refugiados de la cuota a la que se comprometieron. Sea por lo que sea, hemos fallado de nuevo como sociedad avanzada y 15.354 personas que debían rehacer su vida con la ayuda del Estado español siguen subsistiendo en penosas condiciones para vergüenza de todos.

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