¿Y ahora qué?

Después del 1-O y sin tiempo para digerir la brutalidad policial que nos devolvió a tiempos que considerábamos pasados y que permanecerá en nuestra memoria, llega el tiempo del análisis, la reflexión y la propuesta de decisiones. Hay cuestiones muy decepcionantes: en Madrid siguen sin enterarse de nada, creen que el referéndum fracasó, no han querido ver las imágenes de personas golpeadas y arrastradas cuando solo pretendían dejar una papeleta en una urna y además Rajoy ha contado con el aplauso de los medios afines que aún piden más mano dura; en Bruselas, pese a la insistencia de los periodistas, el portavoz de la Unión Europea sigue considerando la cuestión catalana como un problema interno, obviando la posible vulneración de derechos y libertades de unos ciudadanos europeos y en Catalunya también se mantiene fija la hoja de ruta hacia la independencia amparados en los resultados de un referéndum, ciertamente torpedeado, en el que han apoyado el sí 2.020.144 ciudadanos, una cifra significativa pero que para muchos, y para la misma legalidad estatutaria, no justifica un cambio tan trascendental como la ruptura con España. Sí exige, en cambio, la inmediata apertura de un proceso negociador entre los representantes de Catalunya y España para buscar una solución antes de que la escalada de tensión pueda convertirse en irreversible e irreparable y que alguien piense desde Madrid que la situación puede resolverse con más violencia o que la mano dura es la única receta aplicable a Catalunya. A estas alturas ya parece evidente que Rajoy y su gobierno son incapaces de afrontar la cuestión con un proceso negociador a pesar de la exigencia de ayer de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias, que si se ponen de acuerdo, pueden abrir una nueva vía para forzar elecciones en España, y en consecuencia habrá que exigir una mediación internacional que evite la agudización del problema. La primera responsabilidad compete a la Unión Europea, porque en uno de sus estados miembros hay una situación de conflicto y de vulneración de derechos frente a la que tiene que responder, porque no es un “asunto interno” de España, sino un “asunto interno” de Europa y de un ejercicio de democracia reprimido con violencia. Si Europa tiene algún sentido es para que ejerza como mediadora en este tipo de conflictos y evite cualquier situación de violencia y de inestabilidad en el continente.