La independencia puede esperar

Tuvo que hacer tantos equilibrios el President Puigdemont que tras su discurso, hasta los congregados ante el Parlament se preguntaban si había declarado o no la independencia de Catalunya. Formalmente aseguró que Catalunya se ha ganado el derecho a convertirse en Estado independiente en forma de república en base a los resultados del 1 de octubre, recalcando que el sí a la independencia tuvo más votos y en circunstancias más difíciles que los cosechados por el recortado Estatut de autonomía, pero inmediatamente propuso suspender la independencia durante unas semanas para entrar en una etapa de diálogo. Su proclamación llegó tras un recorrido por los agravios que ha padecido Catalunya en los últimos tiempos con especial incidencia en los recortes del Estatut y la represión con que se afrontó el referéndum y un tono emotivo en el que también se dirigió a los 7,5 millones de catalanes, a los que votaron y a los que no, que, según resaltó, forman un mismo pueblo, y también a los españoles preocupados por el proceso para reiterar su voluntad de negociar y buscar vías de diálogo. Puigdemont ha buscado el equilibrio entre quienes le pedían aplazar la DUI y reclamar mediación, como los moderados del PDeCAT, sectores económicos y hasta Ada Colau, y los que exigían simple y llanamente la declaración de independencia como la CUP y algunos sectores de las entidades soberanistas, y confía en que una mediación internacional tal como sucedió en Eslovenia pueda convertirse en alternativa. El problema es que desde Madrid no se valore la búsqueda de estos equilibrios y se mantenga la línea dura que ha marcado su política en Catalunya, porque la primera reacción, tanto del PP catalán como de la Moncloa, es que se considera inadmisible “hacer una declaración de independencia de forma implícita y luego suspenderla de forma explícita”, porque a diferencia de lo sostenido por la Generalitat, no pueden dar validez a un referéndum que estaba anulado por el Tribunal Constitucional con un recuento que en su opinión fue “fraudulento e ilegal”. No parece que en Madrid hayan modificado un ápice su postura intransigente, pero hay que agotar todas las vías de diálogo, reclamar todas las mediaciones posibles y rebajar la tensión existente, porque la única forma de resolver el problema catalán es hablando. Las medidas coercitivas o más humillaciones solo contribuirán a agravar la crisis.