Dialogar sin amenazas

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, quiso ayer transmitir un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos ante la crisis catalana. Con motivo del desfile militar en Madrid en el Día de la Fiesta Nacional española, insistió en que el Gobierno ha actuado y actuará con “proporcionalidad, firmeza y legalidad” en defensa de la igualdad y de los derechos de todos los españoles, y en todo caso se mostró convencida de que no será necesario que el Ejército español tenga que intervenir ante dicha crisis. Pese a esta opinión, que repiten desde el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hasta todos los ministros y medios de comunicación afines, el pasado 1 de octubre el mundo entero presenció horrorizado algunas situaciones que se produjeron durante el referéndum de Catalunya. La cifra de heridos por las cargas de la Policía Nacional y la Guardia Civil casi alcanza los 900 y ahora la prestigiosa ONG Human Rights Watch (HRW) ha realizado una investigación independiente y asegura que hubo un “uso excesivo de la fuerza”, lo que todos los que vivieron en primera persona las cargas del 1-O ya sabían. El documento ha puesto los pelos de punta a estos observadores y en él se constata que la violencia fue injustificada por parte de la policía. Para llegar a esta conclusión se han basado en los hechos in situ, en los vídeos de las cargas y el testimonio de algunos afectados directos. Las opiniones son libres, pero los hechos, sagrados, y si es cierto que el Gobierno español está dispuesto a recoger el guante del diálogo que con la suspensión de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) brindó el president Puigdemont, deben comenzar por admitir que el soberanismo catalán lleva muchos años saliendo a la calle con una escrupulosa actitud pacífica y pacifista que en ningún caso merece ni puede aceptar el uso de la violencia para acallarlo. En las últimas horas se han producido ligeros gestos de distensión por parte de todos los actores del conflicto político entre Catalunya y España y en este escenario se deben iniciar los contactos para hallar una solución que, si bien no satisfaga a ninguna de las partes al cien por cien, sí permita mantener la dignidad a todos, y para que esto sea posible, la violencia –ni policial, ni callejera ni verbal– no ha de formar parte de la mesa de negociación. Estamos en el siglo XXI y los pueblos civilizados están obligados a dirimir sus diferencias con la palabra, no la amenaza.