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Como era previsible, la respuesta a la pregunta binaria formulada por el presidente del Gobierno español al de la Generalitat sobre si había proclamado o no la independencia de Catalunya no ha sido lo rotunda que exigía el interrogador y el aludido ha optado por eludir la pregunta y plantear sus peticiones, el cese de la represión con especial alusión a las comparecencias del jefe de los Mossos y los dirigentes de la ANC y de Òmnium y la apertura de un proceso de diálogo con un plazo de dos meses para afrontar la crisis catalana. Es comprensible el recurso dialéctico de Puigdemont porque la política no es una cuestión binaria, sino de matices, de cesiones, de avances y retrocesos y cualquier otra respuesta le hubiera creado problemas añadidos: un sí hubiera desatado la aplicación del artículo 155 y un no hubiera provocado más decepción y división entre los independentistas, que son quienes le están apoyando y empujando. No hay respuesta binaria, pero sí responde entre líneas cuando se refiere a que “la suspensión del mandato político surgido de las urnas el 1 de octubre demuestra nuestra firme voluntad de encontrar la solución y no el enfrentamiento” cuando en el pleno del 10 de octubre, Puigdemont propuso “la suspensión de los efectos de la declaración de independencia”. Es un matiz el cambio de independencia por mandato político y conviene recordar que al margen de la validez del referéndum, tampoco se votó en el Parlament ni el mandato político, ni la declaración de independencia, ni tampoco la posterior suspensión, pero sí es evidente que la exposición de motivos permite justificar las dos peticiones formuladas como una cesión y sobre todo una invocación al diálogo, la palabra más repetida en la carta de Puigdemont. La respuesta va más dirigida a Europa que a la Moncloa y es más un movimiento de ajedrez que una devolución de pelota, aunque Rajoy y su equipo no estén para matices y sigan adelante con el ultimátum que vence el jueves, pero siempre es mejor que intercambien mensajes por escrito antes de que haya movilizaciones en la calle y represión policial, o que se decreten encarcelamientos. Es bueno que la jueza haya obviado la petición fiscal de que se encarcelara al mayor Trapero y es un gravísimo error que haya decretado prisión para los dirigentes de ANC y Òmnium, porque se cercena la vía del diálogo y se olvida que la negociación es la única forma de solucionar la crisis catalana.

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