Menos cartas y más diálogo

Ayer a las diez de la mañana vencía el ultimátum lanzado por Rajoy el 11 de octubre para que en primera instancia Puigdemont aclarara si había o no independencia y en segunda para que rectificara antes de que el gobierno central activara el ya famoso artículo 155 de la Constitución. En la respuesta del lunes del president de la Generalitat no se aclaró gran cosa, pero en la carta remitida ayer sí que dice en su último párrafo que el Parlament de Catalunya “no votó el 10 de octubre la declaración formal de la independencia”, aunque sí lo hará “si lo estima oportuno y el Estado persiste en impedir el diálogo y continuar la represión”. Aunque vaya precedida de circunloquios y matizaciones queda meridianamente claro para quien quiera leer hasta el final que “el Parlament no votó el 10 de octubre la declaración formal de independencia”. Pese a todo, la respuesta de la Moncloa ha sido “constatar la negativa del presidente de la Generalitat a atender el requerimiento” y en consecuencia activar los mecanismos del artículo 155 con la convocatoria de un consejo de ministros extraordinario para mañana sábado y ya con menos prisa el preceptivo pleno del Senado para finales de mes porque Puigdemont podrá presentar alegaciones, o incluso comparecer personalmente, algo que parece muy poco probable. Hasta aquí el intercambio epistolar que resulta absurdo cuando estamos hablando de un tema tan grave y que afecta tanto a los ciudadanos, porque muchos nos preguntamos por qué no se sientan a una mesa, o delegan en quienes pueden negociar en su nombre, y hablan de los problemas existentes, buscan fórmulas y en una palabra, que hagan política antes que tengamos que lamentar males mayores. Ha quedado claro que quien tiene autoridad para mediar, la Unión Europea, se lava las manos, considera la cuestión un problema interno y reclama diálogo dentro del orden constitucional, y también empieza a quedar desgraciadamente claro que todos salimos perdiendo con el conflicto: se han rebajado las previsiones de crecimiento en Catalunya y España, han trasladado su sede centenares de empresas, pese a las promesas de que no marcharía nadie, pero también España está perdiendo porque la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal calcula en 13.000 millones el coste en España de la crisis catalana que sin duda pagaremos los más débiles. Hay motivos de sobra para que hablen de una vez.