Entramos en lo desconocido

Todo apunta a que el consejo de ministros extraordinario de esta mañana aprobará la aplicación del artículo 155 de la Constitución, con medidas que tras ser aprobadas por el Senado, pueden incluir, según desveló ayer la portavoz socialista, la convocatoria de elecciones catalanas en enero, y también “alguna actuación” en los Mossos y en los medios públicos de comunicación. No hay más concreción, y aunque el PSOE intentó quitar fuerza a la aplicación del artículo asegurando que “no tiene espíritu punitivo, sino que busca restablecer la legalidad” y que será temporal y con efectos limitados, estamos ante una suspensión de la autonomía catalana de aplicación desconocida y consecuencias imprevisibles. La reacción de la Generalitat, ya anunciada, será aprobar la declaración unilateral de independencia y el choque de trenes está servido porque nadie sabe cómo se concretarán estas intervenciones: ¿cambiando a los jefes de los Mossos? ¿colocando a un político de Madrid al frente de los medios públicos para que controle o censure la línea informativa? ¿cómo impondrán su supuesta autoridad? ¿esperan que los trabajadores de los medios públicos acepten esta imposición? ¿en qué papel queda el gobierno de la Generalitat? Entramos en el territorio de lo desconocido porque Madrid, que ha esperado hasta tener el apoyo de los dirigentes europeos, no sabe cómo reaccionará la Generalitat y el gobierno catalán tampoco sabe hasta dónde llegará el gobierno estatal, y a estas alturas ni siquiera se puede dar por seguro que los partidos independentistas participen en unas elecciones que no hayan sido convocadas por el presidente Puigdemont con lo que se abriría un periodo aún más convulso. Lo que sí se puede dar por seguro es que se intensificarán las movilizaciones ciudadanas en protesta por lo que en la práctica puede ser la suspensión de la autonomía catalana, que habrá más indignación entre los catalanes que aspiran a la independencia y que los costes económicos, que hasta ahora se han reflejado en el traslado de la sede de empresas, freno de inversiones, caídas bursátiles y ralentización, se multiplicarán y no está descartado que algunas entidades promuevan una huelga general. Y también está claro que esto no se arreglará con la simple aplicación de un artículo constitucional y que cada día que pasa se complicarán las posibilidades de diálogo. Entramos en lo desconocido y las perspectivas no son buenas.